La sala del Tribunal Supremo fue testigo hoy de una jornada de alta tensión en el juicio por la revelación de secretos en el caso que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Iñigo Corral, jefe de prensa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, declaró haber advertido por escrito a su superior, la fiscal Almudena Lastra, sobre las posibles consecuencias penales de divulgar la nota de prensa con las conversaciones entre el letrado de González Amador y la Fiscalía. El testimonio de Corral arroja una nueva sombra sobre la actuación de la Fiscalía General del Estado en este controvertido caso.
El silencio informativo inicial que reinaba en la Fiscalía de Madrid tras la publicación de la denuncia y el expediente tributario de González Amador en eldiario.es, se vio abruptamente interrumpido por la orden del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Corral relató la secuencia de los hechos, enfatizando cómo la presión por "ganar el relato" desde la cúpula de la Fiscalía General, cambió radicalmente la estrategia comunicativa de la Fiscalía Provincial de Madrid. La urgencia impuesta desde arriba obligó a la Fiscalía madrileña a difundir una versión de la nota de prensa que su propia fiscal superior inicialmente había rechazado.
La declaración de Mar Hedo, directora de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, añadió aún más combustible a la controversia. Hedo admitió que el contenido de la nota de prensa, redactada bajo las instrucciones telefónicas del propio Fiscal General durante la noche del 13 de marzo de 2024, fue publicado en El País horas antes de ser distribuida oficialmente por la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta revelación desató la indignación del letrado de González Amador, quien no dudó en señalar la evidente filtración de información privilegiada.
La admisión de Hedo, justificando la filtración con un lacónico "se filtran muchas cosas en España", levanta serias dudas sobre la transparencia y la imparcialidad en el manejo de la información por parte de la Fiscalía General del Estado. Las declaraciones de los testigos, Corral y Hedo, han puesto de manifiesto la fractura interna y las contradicciones en la estrategia comunicativa de la Fiscalía en este caso. El Tribunal Supremo deberá ahora valorar el peso de estas declaraciones para determinar si existió una revelación de secretos y, en caso afirmativo, quiénes fueron los responsables. El juicio continúa generando una gran expectación mediática y política en todo el país, con implicaciones que podrían llegar hasta la cúpula de la Fiscalía General del Estado.
El esperpéntico culebrón judicial del caso Ayuso se adentra en territorios pantanosos, donde la fina línea que separa la búsqueda de la verdad de la manipulación informativa se difumina peligrosamente. Más allá de las posibles responsabilidades penales individuales, lo verdaderamente inquietante es la imagen de una Fiscalía General del Estado obsesionada con «ganar el relato» a cualquier precio. Que el jefe de prensa de la Fiscalía Madrileña advirtiera a su superior de las consecuencias penales por la nota de prensa es un síntoma de la profunda crisis de confianza que atraviesa la institución, un abismo entre la ortodoxia jurídica y la ambición política que, lamentablemente, erosiona la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. La ciudadanía malagueña, ya curtida en episodios de corrupción y opacidad, observa con desconfianza este nuevo capítulo, preguntándose si la justicia es igual para todos o si, una vez más, estamos ante un teatro de sombras donde los intereses particulares priman sobre el bien común.
La justificación ofrecida por la directora de Comunicación de la Fiscalía General, admitiendo la filtración aludiendo a que «se filtran muchas cosas en España», es, sencillamente, inaceptable. Este comentario, lejos de ser una defensa, es una confesión de parte que retrata un modus operandi negligente y poco profesional. No se trata de minimizar un hecho grave, sino de reconocer la importancia de la transparencia y la pulcritud en la gestión de la información, especialmente cuando está en juego la reputación de una institución clave para el Estado de Derecho. La falta de asunción de responsabilidades y la banalización de las irregularidades alimentan la desconfianza ciudadana y abren la puerta a todo tipo de suspicacias. Urge una investigación interna exhaustiva y contundente que depure responsabilidades y restablezca la credibilidad de la Fiscalía General del Estado, demostrando que la ley, efectivamente, es igual para todos, incluyendo a aquellos que la aplican.
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