Madrid se encuentra de nuevo en el ojo del huracán político, esta vez con el Tribunal Supremo como epicentro. La declaración de Pilar Sánchez Acera, ex asesora de Moncloa y actual figura clave del socialismo madrileño, ha dejado más preguntas que respuestas en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sánchez Acera, pieza clave en la cadena de transmisión del controvertido «pantallazo» del correo del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su incapacidad para recordar la fuente original de la información.
La trama se complica al saber que el famoso «pantallazo» llegó al móvil de Sánchez Acera la mañana del 14 de marzo de 2024, siendo inmediatamente reenviado a Juan Lobato, entonces líder del PSM. Lobato, sin titubear, exhibió el documento en la Asamblea de Madrid, desatando una tormenta política que aún resuena en los pasillos del poder. Sin embargo, la declaración de Sánchez Acera ha añadido una capa de misterio al asunto, al afirmar que no solo no recuerda quién le proporcionó la imagen, sino que tampoco puede verificarlo debido a un cambio de teléfono móvil y la consecuente pérdida de los mensajes con Lobato.
La versión de Lobato, quien también testificó ante el Supremo, no ha arrojado luz sobre la nebulosa que rodea el origen del «pantallazo». Según sus declaraciones, al recibir la imagen de Sánchez Acera, preguntó insistentemente por su procedencia, recibiendo únicamente respuestas vagas y genéricas: «Porque llega». Esta falta de claridad ha alimentado las especulaciones y ha intensificado el escrutinio sobre la posible implicación de terceros en la filtración.
La dimisión de Lobato como líder del PSM, tras hacerse público que había notariado los mensajes con Sánchez Acera, añade un elemento dramático a la historia. El cruce de mensajes, ahora bajo la lupa del Alto Tribunal, revela la cautela de Lobato ante la posible procedencia del correo, llegando a manifestar su temor de que pareciera que la información provenía de la Fiscalía. La defensa de González Amador ha insistido en la lectura de estos mensajes, buscando desentrañar la verdad detrás de una filtración que ha sacudido los cimientos de la política madrileña. El caso sigue abierto, y la incógnita sobre el origen del «pantallazo» persiste, dejando a la opinión pública a la espera de nuevas revelaciones.
El caso del correo filtrado, ahora atascado en el Supremo, es un lodazal que salpica a la política madrileña y, lo que es peor, a la percepción que tiene la ciudadanía sobre la integridad de sus instituciones. La amnesia selectiva de la señora Sánchez Acera es, cuanto menos, inquietante. Resulta difícil creer que un cargo de su responsabilidad olvide algo tan trascendental como la fuente de una información que desencadenó una crisis política de esta magnitud. ¿Estamos ante un intento de proteger a alguien, o ante la incapacidad de asumir las consecuencias de un acto irresponsable? En cualquier caso, la opacidad en este asunto mina la confianza en la transparencia que se le exige a la clase política.
Más allá de las responsabilidades individuales, este episodio pone de manifiesto una práctica lamentablemente extendida: la utilización de información sensible, obtenida de fuentes dudosas, como arma arrojadiza en la batalla política. La obsesión por el rédito inmediato, por la «noticia bomba» que desestabilice al adversario, parece primar sobre la búsqueda de la verdad y el respeto a los procedimientos legales. Mientras la justicia intenta desentrañar el origen del «pantallazo», la ciudadanía asiste, con frustración, a un espectáculo en el que la ética y la responsabilidad parecen ser las grandes ausentes. Es urgente una reflexión profunda sobre los límites de la confrontación política y la necesidad de recuperar un debate público basado en la honestidad y el rigor.
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