Málaga, 23 de Septiembre de 2025 – El vendaval judicial que azota al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha entrado en una nueva fase. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha asestado un golpe de timón a la investigación de la denominada trama Koldo, dividiéndola en dos piezas diferenciadas que prometen acelerar el proceso y llevar a Ábalos al banquillo de los acusados antes de que las hojas caigan de los árboles.
La decisión del juez instructor responde a la necesidad de separar el grano de la paja, facilitando así el avance de las pesquisas y agilizando la llegada de la fase de juicio oral. La pieza principal mantendrá el foco en las presuntas irregularidades en los contratos de compra de mascarillas durante los peores momentos de la pandemia, un episodio que, según las investigaciones, habría beneficiado de manera ilícita tanto a Ábalos como a su entonces asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. Las sombras del COVID, por tanto, siguen persiguiendo al exministro.
Pero la tormenta no amaina para Ábalos. La nueva pieza separada, de carácter aún incipiente, se centrará en las sospechas de amaño en la adjudicación de obras públicas, un terreno abonado para la corrupción que ahora se investiga a fondo. Junto a Ábalos, figuran en esta nueva línea de investigación nombres tan sonados como Koldo García, Santos Cerdán, Víctor de Aldama y un nutrido grupo de empresarios del sector de la construcción: José Ruz, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, Fernando Merino y Joseba Antxon Alonso. Se investiga si estas adjudicaciones se concedieron a cambio de "precio", es decir, de comisiones ilegales.
El auto del juez Puente revela un detalle especialmente relevante: la investigación apunta a la existencia de dos presuntas redes de influencia paralelas. Por un lado, se investigan las adjudicaciones a Acciona Construcción, con la supuesta dirección y supervisión de Santos Cerdán. Por otro, se analiza el papel de Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama en la promoción de empresas de menor envergadura. La pregunta que se hacen muchos es: ¿Estamos ante dos tramas distintas que operaban de manera independiente o ante una maquinaria corrupta con tentáculos en distintos ámbitos del poder?
A pesar del optimismo judicial, la UCO de la Guardia Civil aún no ha entregado el informe patrimonial sobre Ábalos, un documento clave que podría desvelar nuevos detalles sobre el alcance de la trama y si existen bienes ocultos. La pelota está ahora en el tejado de los investigadores, y su informe podría ser decisivo para determinar si la instrucción se alarga o si, como se espera, Ábalos se sienta en el banquillo este mismo otoño. El pulso judicial continúa, y Málaga, como el resto de España, observa con atención cada movimiento de esta compleja y escandalosa trama.
La disección judicial de la trama Koldo, con la separación en dos piezas diferenciadas, si bien busca agilizar el proceso, levanta serias dudas sobre la profundidad y la verdadera intención de la investigación. ¿No corre el riesgo de fragmentarse la visión global de una posible red corrupta, diluyendo responsabilidades y permitiendo a los implicados defenderse con mayor facilidad? La prisa por llevar a Ábalos al banquillo antes de que termine el año, aunque comprensible dada la indignación pública, no debe eclipsar la necesidad de una investigación exhaustiva que esclarezca todos los entresijos de esta trama, por muy incómodos que resulten los nombres que puedan salir a la luz.
Más allá de la previsible condena social y mediática que ya pesa sobre los señalados, lo verdaderamente alarmante es la aparente normalización de la corrupción en la administración pública. El hecho de que se investiguen dos presuntas redes paralelas, una supuestamente liderada por Cerdán y otra por Ábalos, apunta a un problema sistémico que va mucho más allá de individuos aislados. La ciudadanía malagueña, y la española en general, exige una respuesta contundente que no se limite a castigar a los culpables, sino que ataque las causas estructurales que permiten que este tipo de tramas florezcan y se perpetúen. Urge, por tanto, una revisión profunda de los mecanismos de control y transparencia en la contratación pública, así como una mayor independencia de los órganos encargados de investigar y juzgar estos delitos.
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