La gestión de la crisis migratoria en Canarias sigue tensando la cuerda entre el archipiélago y el Gobierno central. Alfonso Cabello, portavoz del Ejecutivo canario, ha alzado la voz este lunes para expresar la insatisfacción del Gobierno regional con el ritmo y la forma en que se están llevando a cabo las derivaciones de menores migrantes no acompañados (MENAs) hacia la Península. A pesar de que casi un millar de estos jóvenes tienen derecho a asilo, solo 93 han sido trasladados, una cifra que Cabello considera «insuficiente» para aliviar la presión en las islas y cumplir con las exigencias del Tribunal Supremo.
La situación en Canarias es crítica. Un total de 4.877 jóvenes migrantes están bajo la tutela del Gobierno canario, distribuidos en 85 centros. De estos, 827 tienen derecho a asilo, cuya tutela, según Cabello, debería recaer en el Estado. La lentitud en la gestión de estos casos, sumada a la reciente modificación de la Ley de Extranjería que permite la derivación a otras Comunidades Autónomas, ha llevado al Gobierno canario a redoblar la presión sobre el ejecutivo central.
En un intento por acelerar el proceso, Cabello ha anunciado que cuatro menores serán trasladados a la Península en un plazo «improrrogable» de quince días. Entre ellos se encuentra un joven que llegó a Lanzarote en un pesquero la semana pasada, el primer MENA afectado directamente por la nueva situación de contingencia migratoria, y otros tres que inicialmente no fueron considerados menores, pero tras una revisión, se ha confirmado su edad. Estos traslados marcan un hito en la aplicación de la reforma legal y representan una prueba de fuego para la colaboración entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
El Gobierno canario está trabajando contrarreloj para completar los expedientes individualizados de estos cuatro menores, garantizando su derecho a ser escuchados y a participar en el proceso. «Esperamos y estamos contando con que se va a producir esa salida a lo largo de los próximos días», ha afirmado Cabello, dejando claro que el Ejecutivo canario espera que el Estado cumpla con sus obligaciones y agilice los traslados para evitar el colapso de los recursos en las islas y garantizar la protección de estos jóvenes vulnerables. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno central y de las Comunidades Autónomas, que deberán demostrar su capacidad para responder a esta crisis humanitaria de manera coordinada y eficaz.
La lentitud exasperante del Estado en la gestión de los traslados de menores migrantes desde Canarias es, lisa y llanamente, una vergüenza que avergüenza a la democracia. Más allá de las cifras, que ya son alarmantes, se esconde un drama humano de dimensiones inaceptables. Que el archipiélago canario, frontera sur de Europa, deba soportar una carga tan desproporcionada mientras el resto de España mira hacia otro lado es una muestra de falta de solidaridad y de una miopía política imperdonable. No se trata solo de derivar números, sino de garantizar derechos fundamentales a jóvenes que ya han sufrido lo indecible. La inacción, disfrazada de burocracia, no solo perpetúa el sufrimiento, sino que alimenta el discurso xenófobo que tanto daño hace a nuestra sociedad.
Mientras celebramos la «celeridad» en el traslado de cuatro menores, una cifra irrisoria, deberíamos preguntarnos qué mensaje estamos enviando al mundo. La nueva Ley de Extranjería, con sus supuestas mejoras, parece naufragar en la puesta en práctica, evidenciando una falta de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas que resulta, cuanto menos, sospechosa. Es hora de que el Gobierno central asuma su responsabilidad y que las comunidades se muestren a la altura del desafío. No basta con declaraciones grandilocuentes; se necesitan recursos, voluntad política y, sobre todo, empatía. De lo contrario, seguiremos siendo cómplices silenciosos de una injusticia que clama al cielo.
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