A escasas horas de la crucial cita judicial, el ambiente en Madrid es palpable. Mañana, sábado, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se enfrentará al juez Juan Carlos Peinado, quien ha solicitado que sea juzgada por un jurado popular, en relación con la presunta malversación en el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. La expectación mediática y social es máxima.
La decana de los juzgados de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado que Gómez acceda a la sede judicial a través del garaje, una medida excepcional justificada por motivos de seguridad, según el Departamento de Seguridad de La Moncloa. Esta decisión, que se repite por quinta vez, responde a un informe que advierte sobre un posible «ambiente hostil» y «rechazo social evidente» que podría rodear la comparecencia. Sin embargo, esta excepción no se extiende a su asistencia letrada, quien deberá acceder por la entrada general destinada a profesionales, generando controversia sobre una posible diferenciación en el trato.
La fecha de la citación no es baladí. Mañana, Juan Carlos Peinado, el juez instructor, cumple 71 años, a tan solo uno de la edad máxima de jubilación para los jueces. La vista del artículo 25 de la Ley del Jurado, a la que han sido convocados los investigados, sus abogados, la Fiscalía y las acusaciones, coordinadas por Hazte Oír, se presenta como un momento clave en el desarrollo del caso. La decisión de Peinado de solicitar un jurado popular añade un elemento de incertidumbre al proceso, trasladando la responsabilidad del veredicto final a ciudadanos elegidos al azar.
El acceso a la información durante la comparecencia estará restringido a un selecto grupo de agencias de noticias: Colpisa, Efe, Servimedia y Europa Press. Estos medios, acompañados por un representante del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, podrán informar desde el distribuidor de la sexta planta, donde se ubica el Juzgado de Instrucción 41. Esta medida busca, según fuentes judiciales, garantizar el orden y la seguridad durante la jornada. La tensión, sin embargo, se mantiene alta en la capital, a la espera de un sábado que se antoja decisivo para el futuro judicial de Begoña Gómez.
La decisión de permitir a Begoña Gómez acceder a los juzgados por el garaje, **bajo el pretexto de evitar un «ambiente hostil»**, resulta, cuanto menos, inquietante. Si bien la seguridad de cualquier ciudadano es primordial, el tratamiento diferenciado, justificado por un supuesto «rechazo social evidente», sienta un precedente peligroso. ¿Significa esto que la justicia debe adaptarse al clima de opinión pública, ofreciendo privilegios a aquellos que son objeto de escrutinio mediático? **Este gesto, lejos de disipar dudas, alimenta la percepción de una justicia selectiva**, donde la balanza no pesa igual para todos, especialmente cuando se compara con el acceso ordinario de su defensa.
La coincidencia del cumpleaños del juez Peinado con esta crucial comparecencia, sumada a su inminente jubilación, añade un cariz de urgencia, casi de precipitación, al proceso. **La solicitud de un jurado popular, aunque legalmente viable, introduce un factor de imprevisibilidad que podría interpretarse como una estrategia para diluir la responsabilidad del veredicto final**. Restringir el acceso informativo a un puñado de agencias, supuestamente para «garantizar el orden», levanta suspicacias sobre la transparencia del proceso. ¿Qué se pretende ocultar, o al menos controlar, con esta medida? En un momento donde la confianza en las instituciones está en entredicho, **este tipo de decisiones, por bienintencionadas que sean, solo contribuyen a alimentar la desconfianza y la polarización**.
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