La herida sigue abierta en Barbate. A un año y medio de la trágica muerte de los guardias civiles David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González, embestidos por una narcolancha en el puerto, la controversia en torno a la gestión del Ministerio del Interior no solo persiste, sino que se agudiza. La falta de recursos denunciada en su momento, las promesas incumplidas y la aparente inacción ante el narcotráfico en la zona, ahora se ven eclipsadas por una nueva y dolorosa revelación: las familias de las víctimas denuncian sentirse «engañadas» tras los recientes ascensos de los mandos implicados en la fatídica operación.
La decisión de Interior de ascender al capitán Andrés Marmolejo, responsable del Grupo de Acción Rápida (GAR) y al sargento Jesús Crespo, su número dos, ha encendido la llama de la indignación. Según testimonios de los supervivientes, Marmolejo fue quien ordenó el despliegue en una embarcación inadecuada y en condiciones meteorológicas adversas, ignorando las advertencias de otros agentes. El «premio» recibido por Marmolejo, una comisión de servicio internacional «muy bien remunerada» y el ascenso de Crespo a la Unidad de Acción Rápida (UAR), son percibidos por las familias como una burla y una ofensa a la memoria de sus seres queridos. «Lejos de depurar responsabilidades, han premiado a quienes llevaron a nuestros hijos a la muerte», denuncian.
La sombra del silencio comienza a disiparse. Uno de los guardias civiles que sobrevivió al ataque, y que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias, ha decidido romper el silencio y alzar la voz. «Ese día, el capitán y el sargento no solo no fueron capaces de explicarnos la situación real, sino que llevaban todo el día haciendo gestiones para apuntarse el tanto y ser condecorados… No les importaba nada más», afirma con amargura. El testimonio arroja luz sobre una presunta cultura de «búsqueda de méritos» que, según el agente, pudo haber influido en la toma de decisiones y puesto en riesgo la vida de los guardias civiles. «Estoy seguro de que cualquiera de los que participamos en el servicio ese día testificaríamos en contra de ellos en sede judicial», sentencia.
Mientras tanto, la investigación judicial del caso se cerró sin siquiera escuchar a los supervivientes, generando aún más frustración y desconfianza. La inauguración de un cuartel en Algeciras y las declaraciones del ministro Grande-Marlaska sobre el «éxito policial» en la lucha contra el narcotráfico, proferidas horas antes de la tragedia, resuenan ahora como un eco amargo y una prueba de la desconexión entre la realidad del Campo de Gibraltar y la visión del Ministerio del Interior. La comunidad de Barbate, profundamente afectada por la pérdida de sus héroes, exige justicia y transparencia. El clamor por una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades se intensifica, mientras las familias de David y Miguel Ángel luchan por honrar su memoria y evitar que tragedias como esta se repitan.
La noticia que nos llega desde Barbate es un bofetón a la decencia y un ejemplo paradigmático de la desconexión entre la cúpula ministerial y la realidad que se vive en el terreno. No se trata de juzgar la eficacia de la lucha contra el narcotráfico, sino de la moralidad implícita en premiar a mandos cuya gestión, al menos según los testimonios y las evidencias, condujo a la muerte de dos guardias civiles. El Ministerio del Interior, lejos de asumir responsabilidades y depurar negligencias, opta por un silencio cómplice y unos ascensos que huelen a maniobra de distracción. ¿Cómo esperan inspirar confianza y compromiso en las fuerzas del orden si la lealtad se premia con el silencio y la incompetencia con un ascenso?
La indignación de las familias no es solo comprensible, sino legítima. Que un superviviente se vea obligado a romper el silencio bajo el anonimato por temor a represalias es, en sí mismo, un síntoma de la podredumbre institucional que corroe la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar. Alascender a los mandos cuestionados, se envía un mensaje devastador: el fin justifica los medios, y la búsqueda de méritos personales prevalece sobre la seguridad y el bienestar de los agentes. El silencio de la justicia, al no escuchar a los supervivientes, completa un cuadro desolador que socava la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúa la sensación de impunidad que alimenta el narcotráfico. Es hora de que el Ministerio del Interior asuma su responsabilidad y ponga fin a esta farsa, honrando la memoria de los fallecidos con justicia y transparencia, no con ascensos vergonzosos.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
