La disputa por el peaje de la AP-66, la autopista que serpentea a través de la Cordillera Cantábrica conectando Asturias con la meseta, ha escalado hasta convertirse en un auténtico pulso entre el Principado y el Gobierno central. Lo que comenzó como una reivindicación local, impulsada por la ciudadanía y apoyada por la Comisión Europea, se ha transformado en un choque de trenes entre dos visiones de país y, quizás, dos estrategias políticas dentro del propio PSOE. La sombra de Francisco Álvarez-Cascos, exministro de Fomento y fundador de Foro Asturias, planea sobre la polémica, añadiendo un ingrediente de ironía histórica a la ecuación.
Más allá de las cifras y los dictámenes legales, el debate sobre la AP-66 revela una profunda fractura en la percepción de la justicia territorial. Para muchos asturianos, el peaje representa una barrera injusta que dificulta la conexión de la región con el resto de España y lastra su desarrollo económico. La eliminación del peaje, argumentan, no es solo una cuestión de legalidad, sino de igualdad de oportunidades. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes, se insiste en la necesidad de preservar la viabilidad financiera del sistema de autopistas de peaje, advirtiendo sobre el efecto dominó que podría desencadenar una rescisión anticipada de la concesión a Aucalsa. La pregunta que flota en el aire es: ¿puede el Estado asumir el coste de una decisión que, si bien popular en Asturias, podría sentar un precedente peligroso?
La presión aumenta a medida que se acerca el plazo límite marcado por Bruselas. La Comisión Europea ha sido clara: la prórroga de la concesión de la AP-66, así como la de la AP-9 en Galicia, contraviene las normas de contratación pública de la UE y podría acarrear sanciones económicas para España. El Gobierno central se enfrenta, por tanto, a un dilema de difícil solución: ceder a las presiones de Asturias y arriesgarse a un conflicto con las concesionarias y un posible varapalo económico, o mantener su postura y enfrentarse a la creciente indignación de la sociedad asturiana, liderada por un Adrián Barbón que no parece dispuesto a ceder ni un ápice en su reivindicación.
La batalla por la AP-66 es mucho más que una simple disputa sobre un peaje. Es un síntoma de la **creciente desconexión entre las decisiones centralizadas y las realidades territoriales**. Que el gobierno central se escude en la viabilidad financiera mientras ignora el clamor de una región que se siente aislada y perjudicada es un error estratégico de primer orden. Se priorizan los balances contables por encima de la cohesión social y el sentimiento de pertenencia, sembrando una desconfianza que, a la larga, resultará mucho más costosa. La sombra de Cascos, como se menciona, añade una nota amarga, recordándonos cómo los intereses políticos individuales pueden enturbiar decisiones que deberían basarse en el bien común.
La Comisión Europea pone el dedo en la llaga con su advertencia sobre las prórrogas de las concesiones. **No se trata solo de cumplir la ley, sino de plantear un nuevo modelo de infraestructuras que ponga fin a este clientelismo rampante.** ¿Por qué no explorar alternativas como la tarificación por uso, la asunción pública de la autopista con inversión en mejoras, o incluso la conversión en autovía gratuita? La solución no pasa por perpetuar un sistema que beneficia a las concesionarias mientras penaliza a los ciudadanos. El gobierno de Barbón, con su firmeza, representa la voz de una Asturias que exige ser escuchada y que no está dispuesta a seguir pagando un precio demasiado alto por su conexión con el resto de España.
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