La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dado un paso decisivo en la lucha contra la violencia de género al anunciar la revisión de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Esta iniciativa se presenta como una necesidad urgente para abordar los nuevos tipos de violencia machista que han surgido en los últimos años, marcando un claro compromiso del Gobierno por ofrecer mejores herramientas para combatir esta problemática. La ministra ha enfatizado que esta renovación será uno de los grandes objetivos de la legislatura, justo cuando se conmemora el 20 aniversario de la ley, aprobada sin votos en contra ni abstenciones.
Durante el evento conmemorativo, Redondo hizo un balance sobre los avances logrados en estas dos décadas, aunque también destacó la alarmante permanencia de cifras de mujeres asesinadas y agredidas. A pesar de los progresos, la realidad muestra que aún queda un largo camino por recorrer. «Es momento de abrir la ley y profundizar en los nuevos contextos de violencia machista», ha declarado, enfatizando la aparición de fenómenos como la violencia vicaria, en la que se utiliza a los hijos como un medio para hacer daño a la madre, así como la violencia económica y el uso de redes sociales para perpetrar abusos, especialmente preocupante entre las generaciones más jóvenes.
Redondo ha señalado que, en lo que va del año, se han registrado trágicos casos de violencia vicaria, con el asesinato de nueve niños a manos de sus padres o parejas con el objetivo de dañar a sus madres. Esta clase de violencia, que genera un sufrimiento profundo y devastador, requiere de un enfoque legislativo renovado. Asimismo, la violencia económica, que busca controlar la vida de una mujer a través del manejo abusivo de los recursos financieros, se plantea como otro tema crítico a abordar en la nueva ley.
La ministra ha puesto especial énfasis en la violencia en redes sociales, que está teniendo un impacto notable entre las adolescentes. Este nuevo entorno digital no solo facilita el acoso, sino que también crea espacios donde la violencia puede proliferar de formas inéditas, lo cual es un desafío significativo. «Debemos estar preparados para confrontar estos nuevos escenarios», ha afirmado Redondo.
La revisión de la ley integral está pensada para ir de la mano con la actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que establece un marco político y financiero para avanzar en medidas concretas. Redondo ha subrayado la importancia del consenso político alcanzado hace 20 años, en un contexto donde los retos y oponentes políticos han cambiado. Especialmente ante la presencia de movimientos de extrema derecha que cuestionan los logros de la igualdad, se hace más necesario que nunca mantener una postura firme en la protección de los derechos de las mujeres.
La ministra ha advertido que el renacer del machismo y el negacionismo son «muy peligrosos» para la democracia y la convivencia. Por ello, reitera que la defensa y promoción de la igualdad son cruciales en estos tiempos convulsos. «No podemos dar un paso atrás en los derechos que hemos alcanzado», ha concluido, instando a todos los sectores de la sociedad a sumarse en esta lucha por un futuro sin violencia de género.
La anunciada revisión de la Ley Integral contra la Violencia de Género por parte de la ministra Ana Redondo es un paso positivo que atiende la necesidad de actualización en un contexto donde la violencia machista adopta nuevas formas y modalidades. En la celebración del 20 aniversario de la ley, es innegable que el reconocimiento de problemáticas emergentes, como la violencia vicaria y el acoso en redes sociales, subraya la relevancia de una legislación dinámica que no se quede anclada en el pasado. Sin embargo, la inercia burocrática y el riesgo de caer en un enfoque meramente superficial en la revisión podrían socavar el impacto efectivo que esta ley podría tener. El desafío radica en que esta renovación legislativa no solo debe identificar los nuevos tipos de violencia, sino también dotar a las instituciones de los recursos necesarios para su implementación real y efectiva.
Aunque la intención de Redondo de construir un pacto de Estado contra la Violencia de Género es loable y necesaria, la lucha contra el resurgimiento de posturas extremas que cuestionan los avances en igualdad añade una capa de complejidad al proceso legislativo. La construcción de consensos en un clima político polarizado es un reto considerable que requiere no solo del compromiso de los partidos, sino del involucramiento activo de la sociedad civil, especialmente de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerables. Es imperativo que la revisión de la ley no sea vista como una mera formalidad, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra democracia y garantizar que los derechos de las mujeres sigan siendo una prioridad innegociable en nuestra sociedad. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la violencia de género sea erradicada, y esto solo será posible si manteniendo una visión crítica y activa frente a los desafíos contemporáneos que enfrentamos.
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