Madrid, 12 de octubre de 2025 – Alvise Pérez, el controvertido influencer y ahora líder político, ha oficializado este domingo su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en un evento que no ha dejado indiferente a nadie. El Palacio de Vistalegre, un lugar con resonancias para la izquierda española, se convirtió en el escenario de un mitin donde las promesas de mano dura y las críticas al sistema actual fueron la tónica dominante.
Ante una multitud que, según los organizadores, superaba las 5.000 personas, Pérez no dudó en lanzar su propuesta estrella: un "plan de deportación masiva de inmigrantes", argumentando una supuesta inseguridad ciudadana provocada por la inmigración. Este anuncio, lejos de suavizar el debate, ha encendido las redes sociales y ha generado una ola de reacciones encontradas entre los diferentes actores políticos y sociales.
Más allá de la deportación, Alvise Pérez ha prometido la construcción de una "macrocárcel" inspirada en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Una infraestructura que, según sus palabras, no tendrá "piscinas, gimnasios ni privilegios" y que servirá para reducir el gasto público en el mantenimiento de los presos. Esta propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes ven en ella una solución drástica al problema de la criminalidad, pero también ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y partidos de izquierda, que la consideran una medida inhumana y populista.
En un intento por diferenciarse de la "casta política", Pérez también ha prometido una reforma del Código Penal para que los delitos de corrupción no prescriban y para que los condenados devuelvan el 100% de lo robado. Además, ha anunciado la creación de Escrutinia 2.0, un software de inteligencia artificial diseñado para realizar un recuento paralelo al oficial en las próximas elecciones, una medida que busca sembrar la duda sobre la transparencia del sistema electoral actual.
El evento en Vistalegre no estuvo exento de momentos polémicos, como la parodia de José Luis Ábalos y una supuesta "Jésica", una escena que fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia las víctimas de la corrupción y como una banalización de la explotación laboral. Sin embargo, para los seguidores de Alvise Pérez, este tipo de performances son una muestra de su estilo directo y sin tapujos.
El lanzamiento oficial de SALF marca un nuevo capítulo en la política española. Queda por ver si este partido, con su discurso radical y su estilo provocador, logrará consolidarse como una fuerza política relevante en el panorama nacional o si, por el contrario, se quedará en un mero fenómeno mediático. Lo que está claro es que Alvise Pérez ha llegado para quedarse y que su presencia en la política española no dejará indiferente a nadie.
El auge de figuras como Alvise Pérez y su partido SALF, con propuestas tan controvertidas como la «macrocárcel» al estilo Bukele y la deportación masiva, no es un fenómeno aislado, sino un síntoma preocupante de la radicalización del discurso político y la creciente polarización social. Si bien es comprensible el hartazgo de la ciudadanía ante la corrupción y la ineficacia del sistema, recurrir a soluciones simplistas y punitivas, que atentan contra los derechos humanos y los principios básicos del Estado de Derecho, no es la respuesta. Es imperativo que los partidos tradicionales y la sociedad civil articulen alternativas creíbles y efectivas que aborden los problemas reales de la ciudadanía sin caer en la demagogia y el populismo que alimentan este tipo de movimientos extremistas.
La promesa de «fiscalizar» las elecciones con un software de inteligencia artificial como Escrutinia 2.0, bajo la excusa de garantizar la transparencia, resulta particularmente alarmante. Esta iniciativa, lejos de fortalecer la confianza en el sistema democrático, busca sembrar la duda y erosionar la legitimidad de los resultados electorales, siguiendo un patrón ya observado en otros contextos internacionales. Es crucial defender la integridad de las instituciones electorales y promover una cultura de participación informada y responsable, en lugar de fomentar la desconfianza y el enfrentamiento que solo benefician a aquellos que pretenden desestabilizar el orden constitucional.
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