La organización Save the Children ha lanzado un grito de alarma este jueves con la publicación de su informe ‘Por una justicia a la altura de la infancia’, revelando una cruda realidad: la violencia sexual contra menores en España sigue siendo una lacra silenciada y perpetuada. El estudio, que analiza 345 sentencias judiciales recientes (2023-2024), destapa un dato escalofriante: el 82,9% de las víctimas de abusos sexuales son niñas y adolescentes, una cifra que consolida una tendencia al alza y que deja al descubierto la vulnerabilidad extrema a la que se enfrentan las jóvenes en nuestro país. La edad media de inicio de estos horrores se sitúa en los 12 años, un momento crucial en el desarrollo de un niño o niña, que se ve abruptamente truncado por la vileza de un adulto.
El informe no solo pone cifras al horror, sino que también humaniza el sufrimiento. La historia de Sara, una niña que sufrió abusos por parte de su padre desde los 10 años, resuena con la fuerza de la injusticia. Un padre que, tras emborracharse, quebrantó la confianza de su hija, dejando cicatrices profundas que la han llevado a autolesionarse y a contemplar el suicidio. La lentitud de la justicia, con un juicio postergado durante cuatro años, agravó aún más su trauma, permitiendo que el agresor se beneficiara de una atenuante por dilaciones indebidas y recibiera una condena irrisoria de dos años y medio.
La duración excesiva de los procesos judiciales es otro de los aspectos más preocupantes que revela el informe. El 40,9% de los casos de abusos sexuales a menores se prolongan durante más de tres años, y un alarmante 12,1% supera los cinco años. Este tiempo interminable obliga a las víctimas a revivir una y otra vez el horror, a declarar repetidamente, perpetuando el trauma y dificultando su recuperación. Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children, denuncia que «la justicia no puede ser un ámbito de desprotección para quienes ya han sufrido violencia sexual».
El informe también arroja luz sobre el perfil del agresor, un dato que resulta especialmente inquietante. El 98% son hombres, y en ocho de cada diez casos, se trata de una persona conocida por la víctima, principalmente del entorno familiar. Amigos de la familia y profesionales que trabajan con la infancia también figuran entre los perpetradores. En seis de cada diez ocasiones, los agresores carecen de antecedentes penales, lo que dificulta su detección y prevención. La cercanía del agresor convierte el abuso en una traición aún más dolorosa, que socava la confianza de la víctima en su entorno y dificulta su capacidad para pedir ayuda. La realidad expuesta por Save the Children exige una respuesta contundente y coordinada por parte de las instituciones y la sociedad en su conjunto, para proteger a los menores y garantizar que la justicia esté verdaderamente a la altura de la infancia.
El informe de Save the Children no sólo nos confronta con la persistente y vergonzosa realidad de la violencia sexual infantil en España, sino que también destapa las grietas profundas de un sistema judicial que, lejos de proteger a las víctimas, en demasiadas ocasiones las revictimiza. La frialdad de las estadísticas –ese 83% de niñas y adolescentes que sufren abusos, esa edad media de inicio a los 12 años– esconde historias desgarradoras como la de Sara, testimonio de una injusticia amplificada por la lentitud burocrática y la mirada condescendiente hacia el agresor. Urge una revisión profunda de los protocolos judiciales, la formación especializada de los profesionales y, sobre todo, un cambio cultural que deje de normalizar o minimizar este tipo de delitos. No podemos permitir que el silencio y la inacción sigan siendo cómplices de esta barbarie.
La proximidad del agresor, esa terrorífica constante que revela que el peligro acecha dentro del propio hogar o en círculos de confianza, evidencia la necesidad de reforzar las políticas de prevención y detección temprana. Pero también exige una mayor inversión en recursos para la protección de la infancia y el acompañamiento a las víctimas, tanto durante el proceso judicial como después. De nada sirve endurecer las penas si luego el sistema no es capaz de garantizar una reparación integral del daño causado. La justicia no puede ser entendida únicamente como un castigo al culpable, sino como un instrumento para la sanación y la reconstrucción de vidas rotas. Exigimos, por tanto, una respuesta estatal ambiciosa y coordinada que priorice la seguridad y el bienestar de nuestros niños y niñas.
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