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Aborto: Calvo defiende blindaje constitucional ante «vaivenes políticos».

Carmen Calvo urge a blindar el aborto en la Constitución, discrepando sobre la vía elegida por el Gobierno, mientras el debate sobre su protección jurídica se intensifica.

Carmen Calvo aboga por blindar el aborto ante los «vaivenes políticos» mientras el Gobierno explora su inclusión en el artículo 43 de la Constitución

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha alzado la voz en defensa de una protección constitucional «certera» del derecho al aborto, argumentando que la interrupción voluntaria del embarazo no debe quedar sujeta a la volatilidad de los cambios de gobierno. En un momento en que el debate sobre este derecho vuelve a polarizar a la sociedad española, y con el Gobierno iniciando los trámites para su blindaje constitucional, Calvo ha insistido en la necesidad de salvaguardar la libertad de las mujeres en esta materia.

Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, ha definido el aborto como un «derecho del tronco de la libertad», fundamentado en los artículos 10 y 15 de la Constitución, que hacen referencia a la dignidad de la persona y al derecho a la vida y a la integridad física y moral. Sin embargo, la propuesta del Gobierno se inclina por amparar este derecho en el artículo 43, reconociéndolo como un derecho a la protección de la salud, una vía que, si bien Calvo no descarta, considera menos robusta que su inclusión como derecho fundamental.

El Consejo de Estado y la reforma constitucional: un debate en curso

La declaración de Calvo se produce en el marco de la presentación de la Memoria del Consejo de Estado de 2024. Si bien aclaró que su posicionamiento era a título personal y no reflejaba la postura oficial de la institución que preside, su intervención pone de manifiesto la relevancia y sensibilidad del tema. El Consejo de Estado deberá emitir un dictamen sobre la propuesta del Gobierno, un documento clave que influirá en el curso de la reforma constitucional.

La ex ministra socialista ha recordado que el debate sobre el blindaje constitucional del aborto no es exclusivo de España, citando el ejemplo de Francia. Esta reflexión se produce tras la polémica generada por una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid para informar sobre un supuesto «síndrome post aborto», desmentido por las autoridades sanitarias.

¿Una grieta en el consenso gubernamental?

La postura de Calvo, aunque expresada a título personal, podría interpretarse como una diferencia de criterio dentro del propio Gobierno. Mientras el Ejecutivo busca amparar el aborto en el artículo 43, la presidenta del Consejo de Estado aboga por una protección más sólida, vinculada a los derechos fundamentales. Esta divergencia, aunque sutil, revela la complejidad y delicadeza del debate.

La reforma constitucional para blindar el aborto se presenta como un desafío político y jurídico. La inclusión de este derecho en la Carta Magna requiere de un amplio consenso parlamentario, un escenario que, a día de hoy, se antoja incierto. El debate está abierto, y la voz de Carmen Calvo, con su peso político e institucional, añade un nuevo matiz a esta compleja ecuación.

La insistencia de Carmen Calvo en elevar la protección del derecho al aborto al rango de derecho fundamental, en lugar de diluirlo en el artículo 43 sobre la salud, señala una preocupación legítima sobre la fragilidad del consenso político actual. El recurso al artículo 43, aunque pragmático para sortear obstáculos parlamentarios inmediatos, podría resultar contraproducente a largo plazo, dejando la puerta abierta a futuras interpretaciones restrictivas. Se corre el riesgo de convertir un derecho esencial de la mujer en una mera prestación sanitaria, desdibujando su arraigo en la autonomía individual y la dignidad personal, principios constitucionales que Calvo acertadamente invoca.

Sin embargo, la propuesta de blindaje constitucional, más allá de la loable intención, se enfrenta al peligro de convertirse en un ejercicio de simbolismo estéril si no se acompaña de un debate profundo y honesto sobre las causas que llevan a una mujer a interrumpir su embarazo. Obviar las dificultades socioeconómicas, la falta de recursos o el desamparo emocional que a menudo subyacen a esta decisión, reduce el debate a una mera cuestión legal, olvidando la complejidad humana que entraña. Es necesario un abordaje integral que incluya políticas de apoyo a la maternidad, educación sexual efectiva y acceso a métodos anticonceptivos, para que la libertad de elegir no sea una quimera para las mujeres más vulnerables de Málaga y del resto de España.

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