Málaga, 10 de julio de 2025. Tres meses después de la entrada en vigor de la Ley 1/2025, la pregunta resuena con fuerza en los pasillos de los juzgados malagueños y en los despachos de abogados: ¿Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) han llegado para agilizar la justicia o para enmarañarla aún más? La ley, que introdujo la obligatoriedad de intentar la mediación, la conciliación u otros métodos extrajudiciales antes de presentar una demanda civil, prometía descongestionar los tribunales y ofrecer una vía más rápida y económica para resolver conflictos.
La teoría es seductora. Imaginemos a dos vecinos enfrentados por una disputa de lindes, sentados en una mesa con un mediador, buscando un punto en común en lugar de atrincherarse en un juicio costoso y prolongado. O a una pequeña empresa negociando con un proveedor a través de un arbitraje, evitando así el impacto de un litigio en su flujo de caja. Los MASC, en esencia, buscan transformar la cultura del pleito en una cultura del acuerdo.
Sin embargo, la práctica se está revelando más compleja. Si bien algunos casos han encontrado una resolución satisfactoria a través de la mediación, otros se han topado con la resistencia de las partes, que ven estos mecanismos como un mero trámite burocrático. El tiempo dirá si la implementación de los MASC logra verdaderamente reducir la carga judicial o si, por el contrario, se convierte en un nuevo obstáculo que dificulta el acceso a la justicia.
Uno de los principales puntos de fricción reside en los costes asociados a los MASC. Aunque la ley pretende ofrecer alternativas más económicas que un juicio, la contratación de mediadores, árbitros o expertos independientes implica un desembolso que no todas las partes pueden permitirse. La situación se agrava para los beneficiarios de la justicia gratuita, que también deben someterse a estos mecanismos, generando una carga adicional para las arcas públicas.
El tiempo también es un factor crucial. La obligatoriedad de agotar la vía extrajudicial antes de demandar añade un plazo adicional al proceso, que en algunos casos puede ser innecesario si las partes no están dispuestas a negociar. Existe el temor de que los MASC se conviertan en una dilación estratégica, utilizada por una de las partes para postergar el litigio y desgastar a la otra.
La evaluación de los MASC en Málaga está aún en una fase inicial. Los próximos meses serán determinantes para comprobar si realmente se logra el objetivo de una justicia más eficiente y accesible, o si, por el contrario, se crea un nuevo laberinto burocrático que beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría. El debate está abierto, y el futuro de la justicia civil en Málaga, en juego.
La Ley de Eficiencia en la Justicia y los MASC, con apenas tres meses de rodaje, se nos antoja, por ahora, como un experimento de resultados inciertos. Si bien la noble intención de descongestionar los tribunales y fomentar una cultura del acuerdo es loable, la realidad palpable en los juzgados de Málaga revela un panorama donde la burocracia, lejos de disminuir, se perpetúa, incluso se enreda. No podemos obviar que la obligatoriedad de recurrir a la mediación o el arbitraje antes de acceder a la justicia ordinaria, si bien potencialmente beneficiosa, puede convertirse en una trampa para el ciudadano de a pie, especialmente para aquellos con menos recursos económicos o menor capacidad de negociación. Se corre el riesgo, y esto es preocupante, de crear una justicia a dos velocidades, donde la agilidad prometida se diluye en costes y tiempos adicionales, favoreciendo, paradójicamente, a quienes disponen de más medios para sortear este nuevo laberinto legal.
El debate, como bien señala el artículo, está abierto, pero la cuestión esencial que debemos plantearnos es si realmente estamos apostando por una justicia más cercana y accesible o simplemente trasladando la responsabilidad de la resolución de conflictos a entidades privadas, con el consiguiente riesgo de desprotección para las partes más vulnerables. Es fundamental que la administración pública vele por la transparencia y la equidad en la aplicación de los MASC, garantizando el acceso a la justicia gratuita en estos procesos y estableciendo mecanismos de control que eviten posibles abusos o dilaciones estratégicas. De lo contrario, la Ley de Eficiencia en la Justicia, en lugar de modernizar nuestro sistema judicial, podría convertirse en un instrumento más de desigualdad y frustración para los ciudadanos malagueños.
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