La inversión en obra pública en Andalucía alcanzó los 3.663 millones de euros en 2024, representando un incremento del 3,2% respecto al año anterior. Sin embargo, este repunte global oculta una realidad preocupante en la provincia de Málaga, que ha registrado un drástico descenso del 21%, situándose en un total de 402,4 millones de euros. Este retroceso ha hecho que Málaga pierda su estatus de segunda provincia en cuanto a mayor volumen de adjudicaciones, cayendo al cuarto lugar, superada por Sevilla, Almería y Granada.
La causa principal de este estancamiento se encuentra en la reducción significativa de la inversión pública por parte de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. La administración autonómica ha disminuido sus adjudicaciones un 48%, bajando de 130 a 67 millones de euros. Simultáneamente, los municipios han recortado su inversión en un 44%, alcanzando los 185,6 millones. Este fenómeno contrasta drásticamente con el aumento en la inversión del Gobierno central, que ha crecido un 236% hasta los 125,8 millones, así como el incremento del 118% por parte de la Diputación, que ha destinado 20,4 millones a la provincia.
Un análisis del informe de CEACOP revela una alarmante tendencia en la adjudicación de proyectos a empresas andaluzas: solo el 50% de la inversión total en obra pública se ha destinado a compañías de la región, marcando el porcentaje más bajo desde 2014. La Junta, responsable de una significativa reducción de su apoyo al sector local, ha otorgado apenas el 47,3% de sus contratos a empresas andaluzas, casi 20 puntos menos que el año anterior. Por el contrario, el Gobierno central ha demostrado una tendencia a favorecer a las empresas locales, con un incremento del 24% al 35% en sus adjudicaciones.
La caída del 21% en la inversión significa que Málaga no solo ha perdido posiciones en el ranking regional, sino que también refleja una falta de compromiso con las necesidades de infraestructura de la provincia. Mientras que Sevilla ha liderado la inversión con 1.333 millones, Málaga se ve relegada, lo cual es motivo de preocupación entre los actores económicos. A destacar que, a nivel nacional, solo tres provincias, Sevilla, Jaén y Almería, han vuelto a aumentar su inversión el año pasado.
CEACOP ha elevado la voz sobre la problemática de la contratación pública en Andalucía, señalando la creciente tendencia de las administraciones de utilizar medios propios para ejecutar proyectos. Más de 400 millones de euros han sido gestionados directamente por empresas públicas, lo que ha grabado un signo de alarma sobre la competencia abierta en el sector privado. Esto, junto con la admisión de ofertas que carecen de viabilidad, pone en riesgo no solo la calidad de las obras, sino también la estabilidad del mercado laboral en la construcción.
En conclusión, la disminución de la inversión en Málaga y la priorización de otras provincias en la adjudicación de proyectos clama a la acción. Lograr un equilibrio en la concesión de contratos es crucial para revitalizar el tejido empresarial andaluz y sentar las bases de un futuro más sostenible en términos de infraestructura. Málaga enfrenta un desafío significativo que requiere un compromiso renovado para reactivar las inversiones en obra pública y fomentar la competitividad local.
La drástica disminución del 21% en la inversión en obra pública en Málaga es un golpe a la autocomplacencia de las administraciones que se han dedicado a priorizar otras provincias a costa de las necesidades locales. Es alarmante que Málaga, que alguna vez ocupó un lugar prominente en las adjudicaciones, se vea ahora relegada al cuarto puesto, principalmente por la falta de compromiso de la Junta de Andalucía y los municipios con el desarrollo de infraestructuras críticas. Esta situación no solo afecta el crecimiento económico de la región, sino que también pone en riesgo la calidad de vida de sus habitantes, quienes dependen de una infraestructura adecuada para su bienestar y progreso. La reducción de la inversión pública refleja una carencia de planificación estratégica y visión hacia el futuro, factores que son esenciales en un contexto donde la competencia por recursos es cada vez más feroz.
A pesar de la negativa tendencia, aún hay espacio para la reflexión y la acción. La respuesta no debe ser un lamento cíclico, sino un clamor para que las administraciones actúen con responsabilidad y transparencia. Es fundamental que, en lugar de centralizar la contratación en empresas públicas, se fomente una competencia sana con el sector privado, garantizando así la calidad y sostenibilidad de los proyectos. La administración local debe reconsiderar sus políticas y reconocer que un ecosistema de obra pública robusto no solo beneficia a Málaga, sino que, por extensión, fortalece el tejido empresarial de toda Andalucía. La inversión pública es un motor de transformación social y económica que no debe ignorarse; es hora de que los responsables tomen medidas y prioricen un futuro prometedor para todos los malagueños.
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