La sombra del Castillo de Gibralfaro, testigo de siglos de historia malagueña, fue el escenario de una advertencia escalofriante. Ayer, más de 350 profesionales del sector inmobiliario, reunidos en el Punto de Encuentro Inmobiliario de la ACP Málaga, lanzaron una proclama: si no se toman medidas drásticas e inmediatas, el déficit de vivienda en Andalucía podría triplicarse para 2030, superando las 450.000 unidades. La gravedad de la situación, lejos de ser un mero dato estadístico, amenaza con desestabilizar la competitividad, el bienestar social y la propia cohesión de la región.
El mensaje fue claro y contundente: la construcción de vivienda debe ser declarada de "interés público", sometida a tramitaciones de emergencia. Se necesita una respuesta ágil y efectiva que supere la inercia burocrática y las trabas administrativas que estrangulan al sector. La colaboración público-privada se erige como la única vía viable para desatascar la situación, pero requiere de un compromiso real y una hoja de ruta clara por parte de todas las administraciones.
Durante las mesas de debate, expertos como Mikel Echavarren, CEO de Colliers, criticaron la incoherencia de hablar de emergencia habitacional sin agilizar los proyectos de vivienda protegida. Javier Braza, CEO de Lagoom Living, demandó mayor seguridad jurídica y administrativa para atraer la inversión necesaria en el sector del alquiler asequible. Daniel Caballero, de CaixaBank, apuntó a la gestión del suelo como el principal cuello de botella, advirtiendo que los plazos actuales hacen inviables muchos proyectos.
La segunda mesa de debate, moderada por Ignacio Peinado de FADECO Promotores, contó con la presencia de dos exministros de distinto signo político, Íñigo de la Serna (PP) y Jordi Sevilla (PSOE), quienes coincidieron en la necesidad de un gran pacto nacional por la vivienda. La vivienda, recalcaron, no puede ser un campo de batalla ideológica, sino un objetivo común que requiere de la colaboración de todos los actores. Se instó a una revisión profunda de la Ley del Suelo, considerándola insuficiente ante la magnitud del desafío actual. Se reclaman medidas extraordinarias, bonificaciones fiscales y financiación pública para el desarrollo del suelo urbano.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, clausuraron el evento reiterando su compromiso con la búsqueda de soluciones. Díaz defendió las medidas impulsadas por el gobierno andaluz, pero criticó la "distorsión" generada por la ley estatal de vivienda, que ha retraído la oferta. De la Torre, por su parte, aseguró que Málaga dispone de suelo, pero necesita el apoyo técnico y financiero del resto de administraciones para ponerlo en carga cuanto antes.
El sector inmobiliario ha hablado alto y claro. La pelota está ahora en el tejado de las instituciones, que deben demostrar con hechos su compromiso con la solución de un problema que amenaza con convertirse en una crisis social de proporciones incalculables.
El clamor del sector inmobiliario andaluz, amplificado desde Málaga, no debería sorprendernos, pero sí debería avergonzarnos. Asistimos a un **fracaso colectivo en la gestión de un derecho fundamental**, la vivienda, que se disfraza de fatalidad económica. Es cierto que la burocracia y las trabas administrativas son lastres pesados, pero no son más que síntomas de un problema más profundo: la especulación desmedida y la permisividad institucional. Declarar la construcción de vivienda «de interés público» suena a parche urgente, pero no aborda la raíz del problema, que reside en la priorización del beneficio privado sobre el bienestar social. Se necesitan medidas valientes que regulen el mercado, fomenten la vivienda social real y penalicen la inacción de los propietarios que mantienen inmuebles vacíos.
La hipocresía política alcanza su cénit cuando vemos a exministros de distinto signo coincidiendo en la necesidad de un «pacto nacional». ¿Dónde estaban esas voces durante sus mandatos? La vivienda no es una cuestión ideológica, afirman. Falso. Es una cuestión de prioridades políticas y económicas. Mientras sigamos permitiendo que el suelo sea un bien especulativo, mientras las promotoras dicten la agenda urbanística y mientras la inversión pública en vivienda social sea irrisoria, **Andalucía seguirá al borde del abismo habitacional**. El futuro de la región, su competitividad y su cohesión social dependen de que dejemos de tratar la vivienda como un negocio y la reconozcamos como un derecho inalienable.
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