Este martes 11 de febrero, los veterinarios de la provincia de Málaga se unirán en un acto de protesta que busca visibilizar las dificultades que enfrenta su profesión. Bajo el lema “La Veterinaria dice basta [#vetbasta]”, el colectivo, que agrupa a alrededor de 300 centros sanitarios veterinarios, llevará a cabo un cierre simbólico de sus puertas a las 11:00 horas. La iniciativa, convocada por la Asociación Malagueña de Veterinarios Clínicos de Animales de Compañía (AMVEAC), busca confrontar las múltiples limitaciones que, según sostienen, están deteriorando tanto su labor profesional como la atención que reciben los animales de compañía.
Los veterinarios malagueños se encuentran en una encrucijada. Señalan que el reciente Real Decreto 666/2023 impone obligaciones que consideran “excesivas e innecesarias”, comprometendo la dignidad del ejercicio veterinario. A través de un comunicado, han manifestado su oposición clara a las normativas que regulan el suministro de medicamentos, advirtiendo que estas restricciones podrían poner en peligro la salud de los animales. Los veterinarios exigen que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía lleve a cabo una reforma normativa que elimine las limitaciones en el suministro de farmacológicos, garantizando así que los pacientes reciban los tratamientos necesarios sin demoras.
Además, hacen un llamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que modifique la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, permitiendo a los dueños de animales acceder a los productos que sus mascotas necesitan en el momento adecuado. Esta medida no solo pretende evitar retrasos en los tratamientos, sino también erradicar prácticas nocivas como la automedicación y fomentar una lucha más efectiva contra las resistencias a los antibióticos.
El colectivo veterinario, que juega un papel crucial en la salud pública y bienestar animal, argumenta que la actual regulación amenaza con socavar la confianza de los ciudadanos en el sistema veterinario. “Es fundamental que Hacienda reconsidere el tipo impositivo aplicado a los servicios veterinarios y vuelva al tipo reducido o superreducido de IVA. Esto no solo reconocerá la esencia de la sanidad animal, sino que también permitirá un acceso más universal a estos métodos de atención tan esenciales”, afirman.
La movilización del próximo martes es, en resumen, un grito conjunto por la dignidad, la eficiencia en la atención animal y la justicia económica dentro de un sector que cuida y protege a los compañeros más fieles del ser humano. Los veterinarios malagueños buscan una respuesta por parte de las instituciones que regentan su ejercicio profesional, una respuesta que reconozca sus aportes imprescindibles a la sociedad y su compromiso inquebrantable con el bienestar animal.
La movilización de los veterinarios malagueños bajo el lema “La Veterinaria dice basta” es un reflejo de la creciente insatisfacción que se respira en un sector que, si bien es esencial para el bienestar animal y la salud pública, se siente asfixiado por regulaciones burocráticas desproporcionadas. Las reivindicaciones del colectivo, que abarcan desde la modificación de normativas hasta una revisión del IVA aplicado a sus servicios, evidencian un deseo legítimo de recuperar la dignidad de una profesión que ha sido el pilar del cuidado animal durante décadas. El peligro que enfrentan los pacientes de cuatro patas debido a las restricciones en el suministro de medicamentos no solo es un tema de interés profesional, sino una cuestión de ética que debería preocupar a toda la sociedad. La falta de una protección adecuada para estos profesionales no solo afecta su práctica, sino que también pone en riesgo la salud de los animales que dependen de ellos.
Sin embargo, mientras los veterinarios luchan por su reconocimiento y condiciones de trabajo dignas, es crucial que esta protesta no se convierta en un mero ejercicio simbólico, sino que se traduzca en un llamado a la acción efectivo por parte de las instituciones. Las soluciones planteadas, como la reforma de normativas y la reconsideración del IVA, requieren un compromiso real de los responsables políticos y administrativos. Es momento de que los actores del sector y la administración pública establezcan un diálogo constructivo que beneficie tanto a los veterinarios como a los dueños de mascotas. Solo así podremos garantizar no solo un acceso óptimo a la atención veterinaria, sino también restablecer la confianza en un sistema que debe ser ejemplar en el cuidado de aquellos que nos brindan compañía y afecto incondicional.
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