Una sombra de supuesto acoso laboral se cierne sobre la cúpula de Vox en Murcia, y las reverberaciones alcanzan la dirección nacional del partido. María Guerrero Cano, hasta hace poco concejal por la formación de ultraderecha en la capital murciana, ha dado un sonoro portazo, denunciando una cadena de presiones e humillaciones que, según sus propios escritos, fueron sistemáticamente ignoradas por los altos cargos. Los informes y correos electrónicos presentados por Guerrero, a los que ha tenido acceso este diario, pintan un cuadro desolador de lo que ella describe como un auténtico muro de indiferencia ante sus reiteradas súplicas de ayuda.
Los documentos detallan cómo, en tres ocasiones clave durante finales de 2025 – el 28 de octubre, el 30 de octubre y el 22 de diciembre –, María Guerrero Cano intentó establecer un canal de comunicación directo con la secretaría general de Vox. No una, sino dos veces al día, dirigió sus escritos tanto al número dos del partido, Ignacio Garriga, como a la secretaria general adjunta, Montserrat Lluis. En total, cinco correos electrónicos que contenían tres informes meticulosamente elaborados, donde la concejal desgranaba episodios de un trato vejatorio y continuado. Según su relato, se encontró ante un «vacío» institucional, sintiendo una «humillación pública» constante y un «machaqueo» dialéctico insostenible, una situación que califica de «insostenible».
La respuesta, o más bien la falta de ella, deja traslucir una profunda desconexión entre las bases y la cúpula del partido. Guerrero Cano no solo expresaba su malestar, sino que aportaba pruebas de un entorno laboral tóxico, donde las amenazas veladas y las imposiciones arbitrarias parecían ser el pan de cada día. La estructura del partido, que debería ser un paraguas protector para sus afiliados, se habría convertido, según la denuncia, en un terreno de juego donde prevalecía la ley del más fuerte, y donde las voces de auxilio se desvanecían en la inmensidad de la indiferencia corporativa.
Los episodios descritos por María Guerrero son escalofriantes y revelan una dinámica de control y coerción preocupante. La concejal relata cómo recibió la advertencia directa de que se le haría la vida imposible si mantenía contacto con José Ángel Antelo, el exlíder regional de su propio partido, con la críptica frase: «O estás conmigo o contra mí». Incluso en el ámbito de las sesiones plenarias, el trato recibido fue humillante. Se vio obligada a levantarse de su asiento, pasando de ser la número dos en la lista a ocupar puestos inferiores, a veces hasta tres, como castigo público por supuestamente relacionarse con compañeros con los que Luis Gestoso, el líder local de Vox y dirigente cercano a Santiago Abascal, mantenía desavenencias.
La estrategia de presión, según el testimonio de Guerrero, iba más allá de las humillaciones públicas. Se le impedía presentar mociones, una herramienta fundamental de su labor como concejal, con el objetivo manifiesto de forzar su dimisión. Incluso en momentos tan delicados como la asistencia a un juicio como abogada, o el trágico momento de acudir al tanatorio por el fallecimiento de un tío, se le exigía una disponibilidad absoluta, llegando a recibir llamadas insistentes e inaceptables. La denuncia de Guerrero Cano expone una situación de asfixia política y personal, donde la lealtad al partido se habría supeditado a la obediencia ciega a un líder, creando un clima de miedo que, según sus palabras, ha llevado a que sus compañeros apenas interactúen con ella por temor a represalias.
La noticia de la salida de María Guerrero de Vox en Murcia, marcada por un sonoro portazo y una acusación de acoso laboral contra Luis Gestoso, el líder local y dirigente nacional del partido, arroja una sombra preocupante sobre la salud interna de la formación de extrema derecha. Llama poderosamente la atención que, ante las tres informes y cinco correos electrónicos enviados por la concejal detallando situaciones de «vacío», «humillación pública» y «machaqueo» dialéctico, la dirección nacional de Vox optara por el silencio y la inacción. Esta desestimación de las quejas de una representante que se sentía sometida a un «acoso laboral» continuado, llegando incluso a ser amenazada con «hacerle la vida imposible» o humillada públicamente en plenos, no solo evidencia una profunda falla en los mecanismos de protección y escucha interna del partido, sino que también plantea serias dudas sobre los valores que Vox dice defender.
Resulta especialmente lacerante la descripción de cómo María Guerrero se vio forzada a soportar un trato vejatorio, desde ser obligada a levantarse de su asiento en el Pleno municipal hasta ser presionada para incluir declaraciones que no había pronunciado, e incluso tener que conectarse a reuniones desde un tanatorio. Que estas graves denuncias, detalladas con precisión y adjuntadas en informes a la cúpula del partido, fueran ignoradas, sugiere una cultura política donde la lealtad ciega y el control férreo parecen primar sobre el respeto y la dignidad de sus miembros. Esta actitud, más allá de la mera negligencia, puede interpretarse como una priorización de intereses internos y de poder sobre el bienestar de sus propios cuadros, un comportamiento que, lejos de fortalecer la organización, la debilita y la expone a un escrutinio público cada vez mayor sobre su coherencia interna y su capacidad para gestionar conflictos de manera justa y ética.
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