Las entrañas del poder socialista se agitan ante la publicación exclusiva de unas conversaciones de WhatsApp que pintan un cuadro demoledor para José Luis Ábalos y Pedro Saura. Los mensajes, intercambiados el 24 de marzo de 2021, desvelan un rechazo frontal y una férrea voluntad de revertir el controvertido rescate a la aerolínea Plus Ultra, una operación millonaria que, según se desprende de las misivas, generó una profunda indignación entre ambos ex altos cargos del Ministerio de Transportes. La filtración del informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa), dependiente de su propio ministerio, habría sido el detonante de un tenso cruce de mensajes, donde las sospechas apuntaban directamente hacia otros departamentos gubernamentales, evidenciando una guerra interna por las responsabilidades de la inyección de 53 millones de euros públicos.
La alarma saltaba a las 8:42 horas. Un enfurecido Ábalos, entonces Ministro de Transportes, interpela directamente a su «mano derecha», Pedro Saura, actual Secretario de Estado, ante la publicación del informe de Aesa que formaba parte del expediente de aprobación de la ayuda por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). «¿Quién ha filtrado el informe de Aesa?», exigía Ábalos, a lo que Saura respondía con una contundencia demoledora: «Tiene que haber sido Economía o Hacienda». La respuesta de Ábalos no dejaba lugar a dudas sobre su percepción de la situación: «Todo indica que Economía quiere salvarse». Unas palabras que dejan entrever una profunda desconfianza y una lucha de poder palmaria entre los ministerios implicados en una operación que ya se perfilaba como polémica.
Horas después, la audacia de Saura toma un nuevo cariz. Tras una hora de reflexión, el Secretario de Estado plantea a Ábalos una maniobra de gran calado: «mi opinión es que le deberías decir al presidente que tienen que suspender y revertir el acuerdo de Plus Ultra». La contundencia del mensaje se agrava con una crítica lapidaria a la gestión de la Sepi: «Y, dos, que la Sepi está fuera de control». Esta declaración, cargada de implicaciones, sugiere que la entidad pública encargada de la gestión de las participaciones estatales habría actuado con una autonomía y una falta de supervisión preocupantes, actuando como un ente casi ingobernable. La propuesta de Saura no era una mera sugerencia, sino un plan de choque para intentar dar marcha atrás a una operación que ambos consideraban insostenible y, quizás, mal concebida desde su génesis.
Sin embargo, Ábalos, pragmático y consciente de las repercusiones políticas, frenaba en seco la iniciativa de su número dos. Apenas veinte minutos después, replicaba a Saura su negativa a «hacer saltar por los aires la operación», advirtiendo del inevitable enfrentamiento con María Jesús Montero, entonces Ministra de Hacienda, quien había defendido la ayuda calificando a Plus Ultra como «una empresa estratégica». «Eso es indisponerme con Hacienda», sentenció Ábalos, dejando clara su prioridad: evitar una confrontación directa con la responsable última de la aprobación del rescate. Las conversaciones, prolongadas a lo largo del día, desembocarían en un acuerdo tácito: desviar toda la responsabilidad hacia María Jesús Montero y, de forma premonitoria, augurar que el caso acabaría en los tribunales, un vaticinio que, a la luz de los acontecimientos, se ha cumplido con creces. La sombra de la «animadversión política» planea sobre las decisiones tomadas, dejando tras de sí un rastro de dudas y cuestionamientos sobre la transparencia y la legalidad de la operación.
Las revelaciones sobre las conversaciones de WhatsApp entre José Luis Ábalos y Pedro Saura concerning el rescate de Plus Ultra arrojan una luz incómoda sobre la opacidad y la posible manipulación de la información en los corridors del poder. Es desalentador observar cómo figuras públicas, responsables de la gestión de fondos públicos, parecen priorizar la protección de su propia imagen y la atribución de responsabilidades a terceros antes que la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos. La indignación de Ábalos y Saura ante la filtración de un informe que ellos mismos encargaron, lejos de ser una muestra de rectitud, huele a estrategia para desmarcarse de una decisión que, a todas luces, les generaba incomodidad y potenciales riesgos políticos. La frase «Todo indica que Economía quiere salvarse», atribuida a Ábalos, revela una guerra interna de acusaciones y salvavidas que, en última instancia, perjudica la credibilidad de las instituciones y la confianza ciudadana.
Más allá de las intrigas palaciegas y las batallas dialécticas, la verdadera tragedia reside en cómo una operación de rescate millonario, presumiblemente justificada por su carácter estratégico, termina siendo un caldo de cultivo para la sospecha y el posible descontrol. La afirmación de Saura de que «la Sepi está fuera de control» es una declaración alarmante que no puede quedar en un mero intercambio de mensajes. Debe ser el punto de partida para una investigación exhaustiva e imparcial que aclare si hubo negligencia, mala praxis o algo peor en la tramitación de estos fondos. La argumentación sobre si «la empresa puede devolver las ayudas» es, sin duda, la cuestión de fondo, y si la opinión de Transportes era meramente «accesoria», entonces queda en entredicho la lógica detrás de la intervención. La pretensión de vincular la evaluación del rescate a una «animadversión política» es una burda cortina de humo que intenta desviar la atención de lo verdaderamente importante: la responsabilidad y la rendición de cuentas.
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