Madrid, 21 de marzo de 2026. Lo que prometía ser un Consejo de Ministros de trámite para abordar las consecuencias económicas de la guerra en Irán se convirtió en un espectáculo político sin precedentes en la historia reciente de España. La reunión, convocada para aprobar dos reales decretos ley cruciales, se vio demorada más de dos horas debido a un desafío lanzado por los cinco ministros del grupo parlamentario de Sumar. Según fuentes presentes en la sede del Consejo de Ministros, la formación minoritaria del gobierno de coalición amenazó con dinamitar la sesión si el PSOE no accedía a incluir en la agenda la prórroga de los alquileres, una medida de peso social que no figuraba en el orden del día inicial.
La decisión de Sumar de paralizar la reunión, tras encerrarse en una sala adyacente junto a la sala principal donde aguardaban los ministros socialistas, recordó a episodios de «asamblea permanente» de otras épocas, cuando los trabajadores o estudiantes recurrían a medidas drásticas para hacer oír sus reivindicaciones. Sin embargo, la novedad radicó en el escenario: el corazón mismo del poder ejecutivo. La estrategia, que según la versión oficial de Sumar fue una «demanda legítima y necesaria», tomó por sorpresa tanto a sus socios del PSOE como a otros actores políticos, provocando estupor y un aluvión de filtraciones a los medios de comunicación que retrataron un panorama de «tensión, enfrentamiento y pulso».
Fuentes cercanas a la negociación, y que prefieren mantener el anonimato, señalan que la actuación de los ministros de Sumar responde a una semana particularmente aciaga para el espacio a la izquierda del PSOE. Las recientes derrotas electorales en Castilla y León y Aragón han puesto de manifiesto la fragilidad y desarticulación de la izquierda no socialista. Ante la ausencia de un liderazgo claro, unas siglas cohesionadas o unos órganos de dirección comunes, cada ministro de Sumar parece navegar en solitario, respondiendo a las presiones de sus respectivos partidos o, en muchos casos, a la incertidumbre de su propia base. La exigencia de IU de acelerar la elección de un candidato a las generales y el encuentro anunciado entre Irene Montero y Gabriel Rufián para debatir el futuro de la izquierda, son claros indicadores de este terreno movedizo. La inclusión de la prórroga de alquileres en los decretos de guerra era vista por Sumar como una oportunidad para visibilizar su agenda y presionar al PSOE, máxime cuando las peticiones previas no habían sido atendidas.
Desde Moncloa, sin embargo, se intenta desactivar la narrativa de conflicto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el incidente de «salseo», un término que ha causado revuelo por su uso para describir una situación de alta carga política. Fuentes del Ejecutivo restan importancia a lo sucedido, afirmando que «no fue para tanto» y que se trató de una «resolución natural y colaborativa». Subrayan que el PSOE comparte la preocupación por la vivienda, pero insisten en que no podían «poner en riesgo las medidas anticrisis para la ciudadanía» aprobando un decreto que, según les habían advertido, sería tumbado en el Congreso por Junts y PNV. La «línea roja» del PSOE se basaba en la «realidad parlamentaria» y en la necesidad de asegurar los votos para los decretos de guerra. Para el Ejecutivo, lo más relevante es la «política seria, de verdad, no el teatro ni los fuegos de artificio», un dardo directo a la estrategia de Sumar.
A pesar de la negación oficial de la tensión, desde el entorno del presidente se muestra una cierta «empatía» hacia las dificultades que atraviesa Sumar en su proceso de reconstrucción. Se reconoce que la formación minoritaria «quizás fueron demasiado lejos», pero se comprende que necesiten «visibilizarse» y que «nos queremos más de lo que parece». La amenaza velada de que la crisis pudiera poner en riesgo el propio Gobierno de coalición parece haber sido el factor determinante para que el PSOE accediera a buscar una solución, demostrando que, a pesar de las diferencias escénicas, la supervivencia del pacto sigue siendo una prioridad para ambos socios.
La noticia del Consejo de Ministros aplazado por el «plantón» de Sumar pone de manifiesto una realidad política compleja y, a mi juicio, preocupante. Más allá del calificativo de «salseo» con el que el propio presidente intentó aligerar el incidente, lo ocurrido revela una fragilidad en la cohesión del gobierno de coalición. La táctica de Sumar de forzar la inclusión de la prórroga de los alquileres mediante una encerrona, amenazando con dinamitar la reunión, si bien puede ser interpretada como un intento de visibilización en un espacio político a la izquierda del PSOE en clara reconstrucción, es una forma de hacer política que roza el chantaje y que, en última instancia, genera más espectáculo que soluciones efectivas.
Si bien es comprensible que el espacio a la izquierda del PSOE atraviese un momento de debilidad y busque reafirmarse, la estrategia de utilizar un Consejo de Ministros como escenario para sus reivindicaciones, filtrando a la prensa su malestar y sus exigencias, es contraproducente. La intervención de Sumar, que se presenta como un intento de defender a los inquilinos, desemboca en un «teatro» político que debilita la imagen de seriedad y eficacia del Ejecutivo. El PSOE, por su parte, con su discurso de «política seria» y «principio de realidad», se erige como el guardián de la estabilidad, pero al mismo tiempo, parece ser consciente de la necesidad de empatizar con las dificultades de su socio, lo que, para muchos, puede interpretarse como una concesión forzada a la escenografía en detrimento de una gobernanza más sólida y consensuada. La verdadera política del Siglo XXI debería basarse en la negociación transparente y en la búsqueda de acuerdos transversales, no en pulsos y demostraciones de fuerza que solo benefician a la polarización y al descontento ciudadano.
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