Alzo (Guipúzcoa) — En la quietud de un caserío del corazón de Guipúzcoa, un escenario insólito se desplegó el pasado 3 de julio. Lejos del escrutinio público y bajo un manto de discreción absoluta, 17 presos vinculados a la extinta organización terrorista ETA compartieron cerca de nueve horas en compañía de cinco víctimas de la violencia que marcaron décadas de historia en el País Vasco. Este encuentro, promovido por el Gobierno Vasco a través de su programa de «justicia restaurativa», representa un paso audaz y polémico en el camino hacia la reconciliación, una iniciativa que, según ha podido conocer eldiariodemalaga.es, opera con sigilo desde finales de 2024.
La jornada, que se desarrolló en el caserío Arretxe, un lugar cargado de simbolismo por haber sido víctima de un incendio en 1999 en un acto atribuido al entorno de Herri Batasuna, estuvo marcada por conversaciones abiertas, paseos en pequeños grupos y un almuerzo compartido. El objetivo, según fuentes conocedoras del programa, era propiciar un espacio para la reflexión, el intercambio de experiencias vitales y, en última instancia, la comprensión mutua, aunque los detalles más profundos de estas charlas permanecen reservados para proteger la intimidad de los participantes, especialmente la de las víctimas.
La génesis de este programa se remonta a la propia Estrategia Vasca de Justicia Restaurativa 2022-2025, anunciada por el Gobierno Vasco en 2022 con la firme intención de fomentar la convivencia en una sociedad aún marcada por las cicatrices del terrorismo. Sin embargo, la discreción con la que se ha llevado a cabo, especialmente en su fase de ejecución más directa, ha impedido hasta ahora que los detalles de su funcionamiento y los resultados obtenidos trasciendan, dejando en un segundo plano a las asociaciones de víctimas que no han sido formalmente informadas de estos encuentros.
La iniciativa, impulsada por el ejecutivo de coalición PNV-PSE, se vislumbra también como un posible anticipo a la concesión de semilibertades a los condenados de ETA, una demanda recurrente por parte de Bildu al Gobierno central de Pedro Sánchez. La elección de los participantes no estuvo exenta de dificultades. Fuentes penitenciarias revelaron que el equipo de profesionales de la cárcel alavesa de Zaballa expresó reticencias iniciales a la participación de cuatro etarras, argumentando que sus condenas aún eran elevadas y que no habían participado previamente en programas similares. Entre los vetados se encontraban nombres como Juan Luis Rubenach, Juan Carlos Besance, Iratxe Sorzabal y María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’, vetos que finalmente fueron aceptados por el Gobierno Vasco, si bien los psicólogos de la prisión declinaron asistir a la jornada.
A pesar de estas resistencias y la controversia inherente a tales encuentros, la presencia de altos cargos del Departamento de Justicia, como José María Bastos, director de Justicia, y Pablo Martínez Larburu, director de Servicios Penitenciarios, subraya la relevancia que el Ejecutivo Vasco otorga a este proyecto. El Ejecutivo, consultado por este medio, ha defendido la actuación gubernamental, asegurando que el programa nunca se ha ocultado, pero se ha gestionado con la «discreción» y «confidencialidad» necesarias para salvaguardar el bienestar de los involucrados, especialmente el de las víctimas. La jornada en Alzo, con su carga simbólica y su apuesta por un diálogo inédito, abre un nuevo capítulo en el complejo proceso de sanación y reconciliación en el País Vasco.
La noticia sobre el encuentro secreto entre presos de ETA y algunas de sus víctimas, orquestado por el Gobierno vasco, nos arroja a un debate complejo sobre los límites y las intenciones de la llamada «justicia restaurativa». Si bien la idea de fomentar la reflexión y el diálogo puede parecer, en abstracto, un camino hacia la sanación, la ejecución de esta iniciativa, envuelta en un absoluto sigilo y sin el consenso de las principales asociaciones de víctimas, levanta serias interrogantes. ¿Es legítimo propiciar un acercamiento entre victimarios y víctimas sin contar con el sentir unánime de quienes más han sufrido? La discreción empleada, justificada por la protección a las víctimas, podría interpretarse, en este contexto, como una forma de evitar el escrutinio público y las predecibles críticas que una medida tan sensible genera. La historia de este programa, que ya ha servido como antesala a la concesión de semilibertades, sugiere una agenda política que trasciende la mera reconciliación.
Es crucial que la justicia, y más aún la justicia restaurativa, no se convierta en una herramienta que legitime, siquiera indirectamente, el pasado violento de una organización terrorista. La presencia de altos cargos del Departamento de Justicia en este encuentro, y la pretensión de que víctimas y etarras compartan mantel y reflexiones sobre las «razones para militar en ETA», resulta especialmente problemática. No podemos obviar el contexto histórico en el que se produce: un caserío incendiado en 1999 como represalia, un ataque atribuido al entorno de Herri Batasuna que nunca fue condenado. Pretender una reconciliación que no parta de un reconocimiento claro y sin ambigüedades del daño causado, y que se lleve a cabo a espaldas de quienes representan el dolor colectivo, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de maquillaje histórico, más que en un verdadero paso hacia la paz y la memoria justa.
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