En el complejo entramado del Gobierno de Pedro Sánchez, pocas figuras han demostrado la resiliencia de Fernando Grande-Marlaska. Desde junio de 2018, el ministro del Interior ha sido un pilar constante en La Moncloa, uno de los cuatro rostros que ha acompañado al presidente desde sus inicios. Sin embargo, este longevidad política no ha estado exenta de nubarrones. Las encuestas, como la publicada por Sigma Dos para El diario de Málaga el pasado diciembre, lo sitúan como el miembro peor valorado entre los 22 integrantes de la coalición, un dato que se suma a un historial de conflictos y reprobaciones parlamentarias. Tres veces ha visto su gestión cuestionada en el Congreso y el Senado, un reflejo de la turbulenta travesía de su mandato.
La última controversia que sacude los cimientos del Ministerio del Interior tiene nombre propio: el director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Ángel González. La denuncia de una agente por un presunto delito de agresión sexual ha puesto en jaque a la cúpula policial. La noticia, que trascendió el pasado martes, ha llevado a la citación judicial del máximo mando uniformado, hasta ahora hombre de confianza de Marlaska, quien ha presentado su dimisión ante la gravedad de los hechos. Mientras el presidente Sánchez cerraba filas desde la India, calificando la actuación del Gobierno de «contundente» y mostrando su apoyo a la víctima, la sombra de la duda se cierne una vez más sobre la gestión del departamento.
La respuesta presidencial desde Nueva Delhi fue clara: «Las acusaciones son muy graves. El Gobierno lo que ha hecho desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y retirar de su responsabilidad al DAO. A partir de ahí, que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias». Una declaración que busca escenificar determinación ante una situación delicada, pero que no borra el historial de desautorizaciones que ha sufrido el propio Marlaska. Recordemos la rescisión de un contrato para la compra de armas a Israel por seis millones de euros en abril del año pasado, una decisión que provino directamente de Moncloa, desautorizando al ministro. Unas semanas antes, se había producido una situación similar con la cesión de competencias en el control de fronteras en Cataluña, forzada por Junts, a pesar de las reiteradas defensas de Marlaska sobre la exclusividad estatal de dichas atribuciones.
Estos episodios se suman a la reprobación en ambas cámaras parlamentarias a iniciativa del PP, por la «escasez de medios» en la lucha contra el narcotráfico en Cádiz y la «responsabilidad política» en el trágico asesinato de dos guardias civiles en Barbate en 2024. A pesar de estas duras críticas y la ausencia de medidas contundentes que satisfagan a la oposición, Pedro Sánchez ha mantenido su confianza en Marlaska, blindándolo en las sucesivas remodelaciones del Ejecutivo. La última, hace apenas dos meses, con la salida de Pilar Alegría, no alteró la permanencia del ministro del Interior en su puesto.
El periplo de Marlaska en Interior ha estado marcado por decisiones de calado y polémicas que han resonado con fuerza. Desde la desactivación de la política de dispersión de presos de ETA, que comenzó en su primera legislatura, hasta la controversial gestión de las agresiones a representantes de Ciudadanos durante la manifestación del Orgullo de 2019, donde su crítica pública y la equiparación de la formación naranja con Vox generaron un amplio debate. Más recientemente, la pandemia del Covid-19 trajo consigo la imposición de más de 600.000 sanciones por incumplimiento de restricciones, a pesar de las advertencias de la Abogacía del Estado, multas que posteriormente serían anuladas por los tribunales y el Tribunal Constitucional. Y no podemos olvidar el suceso de 2022 en Melilla, donde la muerte de al menos 23 migrantes intentando acceder a territorio español puso de manifiesto las críticas a la actuación del Ministerio y la negativa inicial de Marlaska a reconocer fallecimientos en suelo español.
La noticia sobre Fernando Grande-Marlaska, un ministro que ha permanecido en el cargo desde los inicios del actual Ejecutivo, nos presenta un panorama desolador en cuanto a valoración pública y gestión. El hecho de que sea el peor valorado entre sus colegas de gabinete, sumado a un historial de reprobaciones parlamentarias y la reciente polémica que rodea a su entorno más cercano, dibuja la imagen de un ministro que, más allá de su longevidad, parece estar agarrándose a una silla cada vez más precaria. Su resistencia a ser relevado, a pesar de las continuas crisis, sugiere una dependencia mutua con Pedro Sánchez, donde la continuidad del ministro parece ser más una cuestión de no generar un nuevo frente que una apuesta por la eficacia.
La sucesión de polémicas, desde la gestión de la inmigración hasta la política de armas, pasando por la cuestionable aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana durante la pandemia, y ahora este presunto delito de agresión sexual en el seno de la Policía Nacional, evidencian una falta de criterio y de gestión ejemplar en una cartera tan sensible como la de Interior. La respuesta del presidente desde la India, un intento de contención y blindaje, resulta insuficiente ante la gravedad de los hechos y la acumulación de cuestionamientos. Pareciera que el Gobierno, en su afán por mantener la cohesión interna, está optando por ignorar las señales de alarma que emite la opinión pública y las instituciones, poniendo en riesgo no solo la imagen de Marlaska, sino la credibilidad de todo el Ejecutivo en su labor de garantizar la seguridad y la justicia.
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