Laura García de Viedma, la que fuera abadesa del monasterio Santa María de Bretonera en Belorado, y Susana Varo, conocida como Sor Paloma "La cordobesa", han recobrado la libertad tras una noche tras los barrotes y una declaración ante la jueza de Briviesca. La sombra de la apropiación indebida agravada se cierne sobre ellas, acusadas por la Guardia Civil de la presunta venta irregular de bienes pertenecientes al convento, un hecho que ha conmocionado a la pequeña localidad burgalesa y reabierto el debate sobre el patrimonio eclesiástico en España.
Las ex religiosas, que lideraron la controvertida escisión del monasterio y su posterior excomunión en 2024, se muestran desafiantes. "Gracias a Dios estamos libres como pajaritos", declaraba García de Viedma a la salida del juzgado, minimizando la gravedad de las acusaciones y defendiendo su inocencia. La experiencia, según ambas, ha sido "muy dura", aunque contaron con el apoyo de un grupo de personas congregadas a las puertas del juzgado.
La defensa, orquestada por Francisco Canals, portavoz de la comunidad religiosa, se centra en la temporalidad de las ventas. Según Canals, las transacciones se realizaron entre marzo y mayo de 2023, antes de la exclaustración y cuando la titularidad del monasterio no era objeto de controversia. Se trataría, según su versión, de la venta de "objetos que acumulaban polvo" y que "reciben todos los monasterios" por parte de anticuarios, como cálices y otros elementos litúrgicos. Niegan rotundamente que se haya vendido ningún bien catalogado como BIC (Bien de Interés Cultural), aunque los investigadores apuntan a la posible desaparición de una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII.
El portavoz Canals denuncia una supuesta "persecución" hacia las religiosas, que se sienten "ametralladas" por una cascada de procesos judiciales. Insiste en que la venta de los objetos se aprobó en "capítulo conventual" y que la detención, junto a un anticuario de León, es desproporcionada. La defensa pinta un escenario de exageración y descontextualización, argumentando que todos los monasterios venden objetos similares y que se está elevando a la categoría de delito algo que no lo es.
La investigación, que sigue abierta, también ha salpicado al monasterio de Santa Clara en Orduña (Vizcaya), donde se trasladó un grupo de monjas cismáticas tras la excomunión. La Guardia Civil halló allí un número significativo de obras de arte pertenecientes al monasterio de Belorado, trasladadas sin la debida autorización. Este hallazgo refuerza las sospechas sobre una posible trama de desvío y venta ilícita de patrimonio eclesiástico.
El caso de las monjas de Belorado ha trascendido la esfera judicial y se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre la Iglesia Católica y las comunidades religiosas disidentes. La disputa por la propiedad del monasterio sigue sin resolverse y este nuevo capítulo judicial añade más leña al fuego. Mientras tanto, las ex abadesa y ex monja, "libres como pajaritos", se preparan para una larga batalla legal para defender su inocencia y el derecho a decidir sobre el futuro del monasterio de Belorado.
El sainete de Belorado, aderezado ahora con barrotes y acusaciones de expolio, ha dejado de ser una anécdota pintoresca sobre fanatismo religioso para convertirse en un lodazal donde chapotean la opacidad en la gestión del patrimonio eclesiástico y las posibles irregularidades consentidas durante años. La ligereza con la que la ex Abadesa, cual «pajarito» liberado, minimiza la gravedad de las acusaciones, resulta insultante para aquellos que, día a día, bregan por la conservación de nuestro legado cultural. No se trata de «objetos que acumulaban polvo», como alega la defensa, sino de piezas con valor histórico y artístico que pertenecen al conjunto de la sociedad, independientemente de la titularidad del monasterio en un momento dado. Es hora de exigir transparencia y responsabilidades, no solo a las ex religiosas, sino también a aquellos que, por acción u omisión, permitieron esta situación.
Más allá del esperpento judicial y mediático, el caso de Belorado debería servir como catalizador para una profunda reflexión sobre el futuro del patrimonio eclesiástico en España. ¿Es suficiente con la catalogación de Bien de Interés Cultural para garantizar la protección de estas obras? La aparente facilidad con la que se han podido desviar y, presuntamente, vender bienes de valor, pone en entredicho la eficacia de los mecanismos de control existentes. Urge una revisión exhaustiva de los protocolos de gestión, la creación de inventarios accesibles y la dotación de recursos para la vigilancia y el seguimiento de este patrimonio. De lo contrario, el caso de Belorado no será una excepción, sino el primer acto de una tragedia anunciada para el arte sacro de nuestro país.
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