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Transición Española: 50 años de libertad amenazada por la erosión institucional.

A las puertas del 50 aniversario, la Transición española se enfrenta a la fragilidad de su legado. La polarización política y la erosión institucional amenazan el consenso democrático, desde Málaga hasta Madrid.

Transición, 50 años después: La fragilidad de un legado en Málaga y en España

En el horizonte cercano del 2026, España se prepara para conmemorar el cincuentenario de un periodo trascendental: la Transición. Un momento histórico donde la valentía y el consenso alumbraron una democracia que, hoy, se percibe amenazada. Desde las calles de Málaga, donde el sol acaricia la Alcazaba, hasta los despachos de Madrid, la sombra de la incertidumbre se alarga sobre las instituciones que fueron cimentadas con tanto esfuerzo. La celebración, sí, pero también la reflexión.

El espíritu de la Transición, ese pacto tácito entre adversarios que permitió transformar un régimen autoritario en un estado de derecho, parece diluirse en la polarización actual. Aquellos encuentros improbables, como el de Suárez y Tarradellas, donde la cordialidad era una herramienta de Estado, contrastan con la crispación que domina el panorama político. Recordamos las figuras de Alfonso Guerra, Fernando Abril Martorell, Suárez, Carrillo, Pérez Llorca, Fraga, Múgica o Arias Salgado, gigantes que supieron anteponer el bien común a sus diferencias ideológicas. Incluso Juan Carlos I, cuyo papel crucial, ahora empañado, fue fundamental en aquel entonces.

La amenaza a las instituciones: Un peligro real

El temor no es infundado. La erosión de las instituciones, la politización de la justicia, la falta de lealtad entre poderes… son síntomas de una enfermedad que amenaza con debilitar los pilares de nuestra democracia. La independencia judicial, desde el Tribunal Constitucional hasta la Fiscalía, pasando por el CGPJ, se percibe cada vez más comprometida. Los grandes pactos bipartidistas, la colaboración sincera entre autonomías y Administración Central, parecen recuerdos de un pasado mejor.

Más allá de la coyuntura política, el peligro reside en la amenaza del extremismo xenófobo que recorre Europa. Una ideología que busca aniquilar el ideal comunitario y que se alimenta de la desconfianza y el resentimiento. Ante esta amenaza, la defensa de las instituciones se convierte en una prioridad absoluta. Las instituciones siempre están por encima de las personas.

Málaga, como reflejo de la pluralidad española, no puede permanecer ajena a este debate. La ciudad, testigo de la historia y crisol de culturas, tiene la responsabilidad de alzar la voz en defensa de los valores democráticos. El legado de la Transición no es un fósil del pasado, sino un faro que debe iluminar el camino hacia un futuro de concordia y progreso. Celebrar el cincuentenario es, ante todo, un compromiso con la defensa de la libertad y la justicia.

La nostalgia por la Transición, convenientemente idealizada, es un recurso fácil en tiempos de incertidumbre, pero resulta peligrosamente simplista. Celebrar el 50 aniversario implica algo más que invocar el espíritu de consenso; exige un análisis crítico de las limitaciones de aquel pacto fundacional. **¿No fue precisamente la urgencia por dejar atrás el franquismo la que impidió abordar de raíz problemas estructurales**, como la cuestión territorial, la reforma del poder judicial o la impunidad de los crímenes del régimen? Reducir la crisis actual a una simple falta de diálogo entre políticos es ignorar las profundas transformaciones sociales y económicas que han reconfigurado el panorama político, haciendo inviable un mero retorno a la fórmula del 78.

El énfasis en la defensa de las instituciones, aunque necesario, no debe convertirse en un mantra vacío. **Las instituciones no son fines en sí mismos, sino herramientas al servicio de la ciudadanía**. La independencia judicial, por ejemplo, no se protege con declaraciones grandilocuentes, sino con mecanismos concretos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas de los jueces. De igual modo, el alarmismo ante el auge de los extremismos debe traducirse en políticas públicas efectivas que aborden las causas del descontento social y la desigualdad, en lugar de limitarse a criminalizar la disidencia o a apelar a un patriotismo hueco. Málaga, con su rica historia de mestizaje, tiene la oportunidad de liderar un debate honesto sobre el futuro de la democracia, alejándose de la retórica nostálgica y abrazando la complejidad del presente.

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