Canarias se enfrenta a una nueva crisis social. Una familia residente en Ingenio, Gran Canaria, se encuentra al borde del desahucio, una situación que ha desatado la indignación de la plataforma Derecho al Techo de Canarias. La plataforma denuncia que la familia, compuesta por seis hijos de edades comprendidas entre los 3 y los 14 años, será desalojada de su vivienda el próximo jueves tras la reactivación de un proceso judicial que había sido paralizado en septiembre. La particularidad de este caso reside en que el juzgado no ha reconocido la situación de vulnerabilidad de la familia, a pesar de las evidentes dificultades económicas que atraviesan.
La abogada Isabel Saavedra, representante legal de la plataforma, ha expresado su desconcierto ante la decisión judicial, argumentando que el juez basa su negativa en el hecho de que el padre de familia, Moisés Macías, cuenta con un empleo remunerado. Sin embargo, Saavedra critica este criterio, señalando que en el contexto actual de Canarias, donde los precios de la vivienda se han disparado, un salario mínimo resulta insuficiente para cubrir un alquiler que oscila entre los 800 y los 1000 euros, y al mismo tiempo, alimentar a una familia numerosa. La situación es aún más compleja si se tiene en cuenta que Moisés Macías se desempeña como reponedor y que tuvo que renunciar a una incapacidad absoluta para poder acceder a este empleo, viéndose obligado a aceptar una incapacidad total.
La historia de esta familia es un reflejo de las dificultades que enfrentan muchos hogares en España. Moisés Macías adquirió la vivienda en 2006 y cumplió religiosamente con el pago de la hipoteca durante 14 años. Sin embargo, la pérdida del empleo de su esposa, apenas unos meses antes del inicio de la pandemia, sumada a las restricciones impuestas por la crisis sanitaria, dificultaron enormemente la posibilidad de encontrar un nuevo ingreso. Con los ingresos limitados a una pensión de incapacidad y a un subsidio por desempleo, la familia se vio imposibilitada para hacer frente a las cuotas hipotecarias. Ahora, paradójicamente, cuando la pareja ha logrado obtener trabajo y tiene la capacidad de saldar la deuda, el fondo que adquirió la deuda al banco exige por la vivienda el 86% del precio original, sin tener en cuenta las cuotas ya abonadas durante 14 años.
Ante esta situación desesperada, la abogada ha presentado un nuevo recurso con la esperanza de que el desahucio sea nuevamente suspendido. Sin embargo, la incertidumbre persiste y se suma a la preocupación por el futuro de los menores. Existe el temor real de que, en caso de producirse el desalojo, los niños sean trasladados a un centro de menores, una medida que agravaría aún más la situación de vulnerabilidad de la familia. Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de revisar los criterios de vulnerabilidad utilizados por los juzgados en los procesos de desahucio, adaptándolos a la realidad económica y social de cada territorio. La plataforma Derecho al Techo de Canarias ha anunciado que intensificará sus acciones de protesta y movilización para visibilizar la situación de esta familia y exigir una solución justa que garantice su derecho a una vivienda digna.
La historia de esta familia canaria no es un caso aislado, sino un síntoma alarmante de un sistema que falla a la hora de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Que una familia con ingresos, aunque modestos, se vea abocada al desahucio y con la amenaza de la separación familiar es un fracaso colectivo. No podemos limitarnos a aplaudir el esfuerzo de Moisés Macías por mantener a su familia trabajando, mientras la justicia se ampara en un tecnicismo legal que ignora la brutal realidad del mercado inmobiliario canario y la imposibilidad de un salario mínimo para sostener una familia numerosa. La aplicación estricta de la ley, sin considerar el contexto social y humano, transforma la justicia en una herramienta de opresión para aquellos que más necesitan su protección.
Es hora de cuestionar seriamente los criterios de vulnerabilidad que emplean los juzgados, que parecen anclados en una realidad económica obsoleta. La banca y los fondos buitre, amparados por la ley, especulan con la necesidad de las familias, exprimiendo hasta la última gota de sus recursos. Mientras, la administración pública, en sus diferentes niveles, sigue mostrando una lentitud exasperante a la hora de ofrecer soluciones habitacionales dignas y accesibles. La inacción, o la acción insuficiente, perpetúa un ciclo de pobreza y exclusión que destruye familias y mina la confianza en las instituciones. Se necesitan medidas urgentes y contundentes para regular el mercado del alquiler, proteger a las familias en riesgo de desahucio y garantizar el derecho a una vivienda digna, un derecho que en España, a menudo, parece ser un privilegio reservado para unos pocos.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
