Villanueva de la Serena, Badajoz – El silencio del cementerio municipal de Villanueva de la Serena se ha visto perturbado por un descubrimiento escalofriante que arroja luz sobre los horrores de la represión franquista. Una fosa común, excavada en el lado norte del camposanto, ha revelado los restos de 23 personas ejecutadas sumariamente, cuyos cuerpos presentan signos de haber sido víctimas de una brutalidad inaudita. La arqueóloga Laura Gutiérrez, al frente de las excavaciones, describe el hallazgo con sobrecogimiento: «No fueron fusilados, fueron ejecutados. Los disparos de gracia en la cabeza, a quemarropa, confirman el ensañamiento».
El hallazgo, que data de 1938, ha provocado la intervención de la Fiscalía, representada por Juan de Mena Colino, quien se personó en el lugar a petición de la Fiscalía de Badajoz. Se investigan posibles crímenes de lesa humanidad, un paso trascendental impulsado por la perseverancia de la Asociación de Familiares del Memorial de Villanueva de la Serena (AFAMEVVA). Desde 2016, la asociación ha luchado incansablemente por exhumar la verdad y dar un entierro digno a las víctimas del franquismo, logrando recuperar hasta la fecha los restos de medio centenar de personas.
La fosa, de siete metros de profundidad, contenía los cuerpos «amontonados unos con otros», según relata Gutiérrez. Los primeros análisis forenses revelan que todos los individuos, aparentemente civiles, fueron abatidos con disparos de arma corta directamente en la cabeza. El historiador Lázaro Miralles, parte del equipo de investigación, añade un detalle estremecedor: «Los cuerpos aparecen con las manos atadas». Junto a Ricardo Moreno, Miralles colabora en la identificación de las víctimas, analizando rasgos físicos y recabando información de listados de desaparecidos proporcionados por historiadores y la asociación AFAMEVVA. Se estima que alrededor de 260 personas fueron asesinadas en las tapias del cementerio y posteriormente arrojadas a fosas comunes, de un total de 754 presos.
La crueldad de los asesinatos ha dejado una profunda impresión en los investigadores. «Fueron asesinados con saña, con una violencia que asusta«, afirma Miralles. Gutiérrez, arqueóloga y antropóloga, secunda esta opinión: «Llama la atención la crueldad y que tantos cuerpos estén mezclados unos con otros», lo que sugiere una forma descontrolada y despiadada de deshacerse de los cadáveres. Entre los restos, se han encontrado anillos y peines, vestigios de vidas truncadas por la barbarie.
La historia de Villanueva de la Serena durante la Guerra Civil es una radiografía del horror. Tras dos años como zona republicana, la localidad sufrió la brutal represión del bando franquista a partir de junio de 1938. Un nombre emerge como símbolo de esta crueldad: el capitán de la Guardia Civil Manuel Gómez Cantos. Paradójicamente, en 1939, el Pleno Municipal de Villanueva de la Serena le concedió la Medalla de Oro de la ciudad, un reconocimiento que fue revocado en 2014 gracias a la presión social y política. Gómez Cantos es considerado responsable de la muerte de al menos 33 personas detenidas durante el «alzamiento nacional». El historiador Francisco Javier García ha documentado en un libro la vida de este mando, revelando que ordenó asesinar a más de un centenar de personas hasta 1945.
Las pruebas de ADN de los restos hallados se están enviando a un laboratorio especializado en el País Vasco para su análisis y posterior cotejo con los datos de familiares de desaparecidos. La esperanza reside en devolver la identidad a estas víctimas y cerrar, de algún modo, las heridas abiertas por la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. El hallazgo de esta fosa común, y la consiguiente investigación por crímenes de lesa humanidad, marcan un punto de inflexión en la búsqueda de justicia y memoria histórica en España.
El macabro hallazgo en Villanueva de la Serena no es solo un recordatorio de la barbarie franquista, sino también un **testimonio de la persistente deuda que la sociedad española tiene con su pasado**. Si bien la intervención de la Fiscalía y la investigación por crímenes de lesa humanidad son pasos necesarios, resulta desalentador que la búsqueda de justicia y reparación dependa aún, en gran medida, del incansable esfuerzo de asociaciones de familiares y voluntarios. ¿Hasta cuándo la memoria de las víctimas seguirá siendo una responsabilidad relegada, en lugar de un deber de Estado? Es imprescindible que las instituciones asuman un rol más activo y proactivo en la búsqueda, identificación y dignificación de las víctimas, destinando recursos suficientes para que la verdad no quede sepultada bajo el peso del olvido o, peor aún, de la indiferencia.
El caso del capitán Gómez Cantos, condecorado y luego execrado, simboliza la **complejidad y las contradicciones de una memoria histórica aún en construcción**. Que un represor haya sido objeto de homenajes públicos para, décadas después, ser despojado de ellos, revela la profunda división que aún persiste en torno a la interpretación del pasado. Más allá de la necesaria reparación a las víctimas y el reconocimiento de los horrores cometidos, es fundamental promover un debate honesto y constructivo que permita comprender las causas y consecuencias de la Guerra Civil y la dictadura, evitando caer en simplificaciones maniqueas o revisionismos interesados. Solo así podremos construir una sociedad más justa, reconciliada y capaz de aprender de sus errores.
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