Granada, 30 de octubre de 2025 – En una jornada marcada por la tensión y la controversia, Juana Rivas ha comparecido hoy ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, imputada por la sustracción de su hijo menor, de 11 años, durante un periodo que se extendió desde enero hasta julio del presente año. La sombra del pasado y las contradicciones legales se ciernen sobre este caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante años.
Rivas, envuelta en una maraña de acusaciones y resoluciones judiciales, ha negado categóricamente haber sido notificada de la sentencia italiana del 18 de febrero, la cual le exigía restituir al menor a su padre, Francesco Arcuri. Esta declaración, amparada en el derecho a no autoincriminarse, contradice directamente las afirmaciones de su propio abogado, Carlos Aranguez, quien en su momento comunicó a los medios la existencia de dicha sentencia.
La estrategia de defensa de Rivas, según el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, parece repetir un patrón ya conocido: «negar la notificación y ampararse en presuntas agresiones, entonces a ella». Sin embargo, las pruebas apuntan en otra dirección. No solo el propio Aranguez informó a la prensa sobre la sentencia, sino que, además, el equipo legal de Rivas en Italia presentó un recurso de casación contra la misma, un acto que implícitamente reconoce la recepción de la notificación.
La clave del caso reside en la confirmación del juzgado italiano que emitió la sentencia, el cual certificó haber notificado debidamente a Rivas a través del formulario europeo, un documento diseñado para garantizar la correcta ejecución de resoluciones judiciales entre países. Este certificado, que no fue impugnado en su momento, socava la credibilidad de la defensa de Rivas, quien solo procedió a la devolución del menor el 25 de julio, tras la intervención de un juzgado español.
El historial judicial de Juana Rivas añade aún más complejidad al caso. Condenada en 2019 por la sustracción de sus hijos, fue indultada por el Gobierno, aunque con la condición de no reincidir en el mismo delito en un plazo de cuatro años. Este periodo expiró precisamente este mes de octubre, lo que significa que, en caso de ser hallada culpable nuevamente, Rivas deberá afrontar tanto la nueva pena como la anterior.
Durante su declaración, Juana Rivas intentó introducir pruebas sobre supuestos abusos de Arcuri hacia sus hijos, solicitando la reproducción de audios y vídeos. Sin embargo, la magistrada se negó a aceptar estas pruebas, aunque le permitió expresarse libremente, garantizando así sus derechos como imputada. La tensión en la sala era palpable, con acusaciones cruzadas y estrategias legales que buscan desentrañar la verdad en un caso plagado de aristas y controversias. El futuro judicial de Juana Rivas pende de un hilo, mientras la sociedad observa con atención el desenlace de este nuevo capítulo en una historia que ha marcado un antes y un después en el debate sobre la custodia y los derechos de los menores.
La persistencia de Juana Rivas en negar la recepción de la notificación italiana, a pesar de las múltiples evidencias en su contra, no solo socava su credibilidad, sino que también desdibuja la imagen de una lucha que, en su origen, pretendía ser la defensa de los derechos de los menores frente a potenciales agresores. El riesgo ahora es que su estrategia, basada en contradicciones y una sistemática negación de la evidencia, termine por eclipsar el debate legítimo sobre la necesidad de protocolos más eficaces y sensibles en casos de violencia de género y protección infantil a nivel transnacional. En este laberinto legal, donde la verdad parece un espejismo, es fundamental que la justicia actúe con rigor y transparencia, priorizando el bienestar del menor por encima de las estrategias procesales.
La reiteración de la estrategia de Rivas, evocando supuestos abusos y negando notificaciones, dibuja un escenario preocupante. Es imperativo que la justicia explore a fondo las acusaciones de abuso, pero sin permitir que estas se conviertan en un escudo para evadir responsabilidades legales. La sociedad malagueña, especialmente sensible a las problemáticas de la violencia de género y la protección infantil, observa este caso con una mezcla de expectación y desazón. La resolución de este nuevo capítulo no solo impactará en el futuro judicial de Juana Rivas, sino que también servirá como un precedente para futuros casos similares, subrayando la importancia de equilibrar la protección de los menores con el respeto a las garantías procesales y la legalidad internacional.
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