La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha asestado un duro golpe a la gestión del Gobierno central en la crisis migratoria canaria, dictando un requerimiento perentorio para que, en un plazo improrrogable de 15 días, se cumpla una orden judicial emitida hace ya siete meses. La orden original, emitida el 25 de marzo, exigía garantizar el acceso y la permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional (SNAPI) de los menores extranjeros no acompañados (MENA) solicitantes de asilo que se encuentran actualmente bajo la tutela de la Comunidad Autónoma de Canarias. El tono del Supremo, en esta ocasión, roza la exasperación, dejando claro que no admitirán más dilaciones ni justificaciones.
El detonante de este nuevo requerimiento es la denuncia de la Administración canaria, que ha alertado sobre el insuficiente ritmo de ejecución de las medidas acordadas en marzo. Según el escrito presentado ante el Supremo, la situación de hacinamiento de los menores en las instalaciones autonómicas no solo persiste, sino que se ha agravado con la llegada de nuevos menores en situación similar. El Supremo, tras analizar la situación, ha dado la razón a Canarias, calificando de «manifiestamente inadmisible» la lentitud con la que el Gobierno central está abordando esta crisis humanitaria. Los magistrados recuerdan que la orden original exigía una actuación «taxativa e inminente», algo que, a todas luces, no se ha cumplido.
El Alto Tribunal ha sido particularmente incisivo al rechazar los argumentos esgrimidos por la Administración General del Estado para justificar la demora. El Supremo ha dejado claro que «no se trata de que la Administración Central determine o no las dificultades de los Centros del Sistema». Su obligación, insisten, era incluir a los menores en el SNAPI de la forma que considerase oportuna, pero con la «premura impuesta». Cualquier dificultad formal, según el Supremo, debe ser obviada ante la urgencia de la situación. El mensaje es claro: «sin posibilidad de excusa o reparo alguno», el Gobierno debe cumplir la orden judicial en el plazo establecido. Este ultimátum del Supremo podría tener consecuencias legales graves para los responsables de la gestión si la orden no se cumple en el plazo fijado. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno central, que deberá actuar con celeridad y eficacia para evitar un conflicto institucional de gran magnitud.
El ultimátum del Supremo no es solo una reprimenda judicial, sino un síntoma de una dejación intolerable que se alarga demasiado. La burocracia, la inacción y las excusas administrativas, sean cuales sean, nunca pueden anteponerse a la protección de menores especialmente vulnerables. Que siete meses después de una orden judicial, el Gobierno siga buscando justificaciones en lugar de soluciones, demuestra una preocupante falta de sensibilidad y una desconexión alarmante con la realidad que viven estos niños y adolescentes en Canarias. Más allá de la disputa competencial, lo que debería primar es la humanidad y la obligación ética de brindarles un futuro digno y seguro.
Sin embargo, la respuesta del Supremo, aunque necesaria, no puede ser la única vía para abordar esta crisis. Exigir el cumplimiento de la ley es fundamental, pero no exime al resto de actores implicados, especialmente a la Junta de Andalucía, de su responsabilidad. La solidaridad interterritorial debe ser una realidad, no un mero discurso político. El Gobierno central tiene la obligación de actuar con celeridad, pero las comunidades autónomas, incluyendo la nuestra, deben estar preparadas para acoger a estos menores y ofrecerles una integración real. De lo contrario, estaremos trasladando el problema en lugar de solucionarlo, perpetuando una situación que clama al cielo.
Compartir en...
Completa el formulario o escríbenos a [email protected] y nos pondremos en contacto contigo tan pronto como sea posible.
