Málaga, 21 de octubre de 2025 – Un terremoto se cierne sobre la futura ley que pretende regular el secreto profesional de los periodistas en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dispone a emitir un informe demoledor, calificando el anteproyecto del Gobierno como «insuficiente y con fallas» en diversos aspectos clave. La alarma se ha disparado en el sector, ante la posibilidad de que la nueva normativa, lejos de fortalecer la protección de las fuentes, la debilite, contradiciendo incluso las recientes directrices de la Unión Europea.
La noticia, que ha sacudido los cimientos del periodismo nacional, llega en un momento crucial para la libertad de información. ¿Estamos ante un retroceso encubierto? Según el borrador del informe, consensuado por las vocales Lucía Avilés e Isabel Revuelta, de sensibilidades ideológicas opuestas, el texto del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no cumple con los estándares de protección necesarios. La preocupación central reside en que, bajo la apariencia de adaptarse a la legislación europea, la propuesta gubernamental podría erosionar las salvaguardias que ya ofrece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, creando una situación paradójica y peligrosa para el ejercicio del periodismo de investigación.
Pero, ¿cuáles son las «fallas» concretas que señala el CGPJ? El informe no se anda con rodeos. Se critica, en primer lugar, la falta de claridad y precisión en la definición de los límites al derecho al secreto profesional. Los periodistas se enfrentarían a una situación de «imprevisibilidad», sin saber a ciencia cierta qué fines justificarían la restricción de su derecho y cuáles son las reglas para resolver conflictos con otros derechos. Esta ambigüedad, según las vocales, contraviene la jurisprudencia tanto del Tribunal de Justicia de la UE como del Tribunal Constitucional. En segundo lugar, se cuestiona la diferenciación que establece el anteproyecto entre jueces penales y jueces de otros ámbitos a la hora de limitar el derecho del periodista. Según las expertas, esta distinción resulta «perpleja», ya que debería ser al revés, estableciendo mayores garantías para el secreto profesional en el ámbito penal, donde las consecuencias para el informador y sus fuentes pueden ser más graves.
El informe del CGPJ, cuya aprobación se da por descontada, supone un varapalo para el Gobierno y abre un nuevo interrogante sobre el futuro de la regulación del secreto profesional periodístico. El debate está servido: ¿Se replanteará el Ejecutivo el anteproyecto a la luz de las críticas del Consejo, o persistirá en una ley que, según los expertos, pone en riesgo la libertad de información? La respuesta, en las próximas semanas. Lo que está claro es que, tal y como está planteado, el texto no cuenta con el visto bueno de un órgano clave del Poder Judicial, lo que complica su recorrido parlamentario y siembra la duda sobre su legitimidad. El periodismo español, en vilo.
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