Málaga, 14 de octubre de 2025 – La absolución de Miguel López por el crimen de su suegra, Maricarmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM, continúa generando ondas expansivas en el sistema judicial español. Tras la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Constitucional, la publicación de los votos particulares de los dos magistrados disidentes ha reavivado la controversia y expuesto las profundas fisuras en la interpretación de la ley en este caso mediático.
Los votos particulares, a los que ha tenido acceso este periódico, revelan una dura crítica a la decisión mayoritaria del TC. Los magistrados discrepantes argumentan que la absolución de López, basándose en la supuesta falta de recursos legales presentados en su momento por la acusación particular tras la anulación del primer veredicto de culpabilidad, envía un «mensaje perturbador» a la sociedad. En su opinión, se cercena el derecho de las acusaciones, tanto la particular como la fiscal, a un juicio justo y equitativo, dejando un sabor amargo de injusticia en un caso plagado de irregularidades procesales.
El núcleo del debate se centra en la actuación de la magistrada que presidió el Tribunal del Jurado en el primer juicio. Los magistrados disidentes señalan que la destrucción del primer veredicto de culpabilidad, supuestamente por falta de motivación, generó una situación de indefensión para la acusación particular. Alegan que la actitud de la magistrada, que consideran una «falta de pericia y prudencia», imposibilitó cualquier alegación efectiva por parte de las acusaciones, comprometiendo la equidad del proceso.
Para los magistrados, la única solución para subsanar la fractura procesal era la repetición del juicio con un nuevo jurado. Consideran que la vulneración de garantías esenciales de las partes acusadoras invalidaba la sentencia absolutoria, impidiendo un proceso debido. La decisión del Constitucional de no ordenar la repetición del juicio, en su opinión, supone una oportunidad perdida para esclarecer los hechos y administrar justicia de manera plena. El caso, que ya ha consumido años de litigios y ha mantenido en vilo a la sociedad malagueña, parece destinado a seguir generando debate y controversia en los círculos judiciales y mediáticos.
El caso Sala, ahora con el sello del Constitucional, evidencia una preocupante tendencia en nuestra justicia: el triunfo del formalismo sobre la búsqueda de la verdad. La absolución, ratificada pese a los contundentes votos particulares, no solo deja un regusto amargo a la familia de la víctima, sino que siembra dudas razonables sobre la capacidad del sistema para garantizar un proceso justo y equitativo para todas las partes, especialmente para las acusaciones. La obsesión por la pureza procedimental, llevada al extremo, corre el riesgo de convertir la justicia en un laberinto legal donde la impunidad encuentra refugio, dejando a la sociedad con la sensación de que la ley, en lugar de protegerla, la abandona.
Más allá del caso concreto, la polémica desatada por este veredicto debería servir como catalizador para una profunda reflexión sobre el funcionamiento de nuestros tribunales y la formación de nuestros jueces. La «falta de pericia y prudencia» señalada en los votos particulares no es un mero detalle, sino un síntoma de una posible deficiencia en la preparación de algunos magistrados para gestionar casos complejos y mediáticos. Quizás sea hora de revisar los procesos de selección y formación judicial, poniendo mayor énfasis en la capacidad de discernimiento, la sensibilidad social y la búsqueda de la verdad, cualidades tan importantes como el conocimiento técnico del derecho. De lo contrario, seguiremos asistiendo a espectáculos lamentables donde la justicia, en lugar de impartirse, se pierde en formalismos y tecnicismos, dejando a la ciudadanía huérfana de respuestas.
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