Málaga, 30 de septiembre de 2025 – La calma chicha del fin del verano político se ha roto con un estruendo sordo que resuena en los pasillos del Congreso y el Senado. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha dinamitado el tablero con un órdago en toda regla: amenaza con llevar al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso, al que acusa de bloquear sistemáticamente las iniciativas legislativas provenientes del Senado. La tensión, ya palpable, se eleva a niveles estratosféricos.
En unas jornadas parlamentarias celebradas hoy, Feijóo ha expresado su indignación y ha denunciado lo que considera una "perversión de la Constitución". Según el líder popular, la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, está "secuestrando" la voluntad popular al impedir que se tramiten leyes aprobadas por el Senado, donde el PP ostenta la mayoría. "Sánchez no es nadie para impedir que las leyes que tienen el respaldo de la mayoría se metan en un cajón", ha enfatizado, elevando el tono de la confrontación.
Entre las medidas bloqueadas, Feijóo ha destacado algunas de gran impacto social y mediático, como el desalojo exprés de okupas, el endurecimiento de las penas para los narcotraficantes, la expulsión de inmigrantes multirreincidentes y la exención del IRPF para quienes cobran el Salario Mínimo Interprofesional. Estas iniciativas, argumenta el PP, cuentan con el respaldo mayoritario de los ciudadanos y su bloqueo supone una "negación de la democracia".
Pero la ofensiva del PP no se limita a la vía judicial. Feijóo ha anunciado que actuará "con contundencia" en los tribunales contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa, por sus "actuaciones individuales" de bloqueo. Una acusación directa que abre un nuevo frente de batalla y que podría tener consecuencias legales para los implicados.
La escalada de tensión no es un hecho aislado. Se trata del quinto choque de atribuciones en lo que va de legislatura. La Ley de Amnistía, la reforma judicial, la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y la Ley de Desperdicio Alimentario ya fueron objeto de conflicto entre ambas cámaras, evidenciando una fractura institucional cada vez más profunda.
Para añadir más leña al fuego, Feijóo ha denunciado que Pedro Sánchez lleva más de año y medio sin someterse al control del Senado, incumpliendo el nuevo reglamento que le obliga a rendir cuentas mensualmente. Un desprecio, según el líder popular, que demuestra la "colonización" del Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.
El PP promete una reforma de su Plan de Calidad Institucional para "impedir que el Ejecutivo suplante al legislativo y que las minorías suplanten a las mayorías". La guerra institucional está servida, y sus consecuencias son impredecibles. ¿Estamos ante una crisis de gobernabilidad sin precedentes? Solo el tiempo dirá.
La escalada de tensión entre el gobierno y el principal partido de la oposición, personificada en este «secuestro» del Congreso denunciado por Feijóo, **pone de manifiesto una preocupante deriva de la política española: la judicialización exacerbada de la discrepancia**. Convertir cada diferencia ideológica en una batalla legal, además de saturar un sistema judicial ya de por sí sobrecargado, erosiona la legitimidad de las instituciones y dificulta enormemente el debate constructivo necesario para abordar los problemas reales de la ciudadanía malagueña. ¿No sería más productivo centrar las energías en buscar puntos de encuentro y articular políticas consensuadas, en lugar de enredarse en costosas y polarizantes disputas legales que benefician más al ego de los líderes que al bienestar común?
Más allá de la defensa de la «voluntad popular» esgrimida por el PP, subyace una peligrosa simplificación del proceso legislativo. Afirmar que el bloqueo de iniciativas del Senado, donde ostentan la mayoría, es una «negación de la democracia» ignora la función esencial de control y contrapeso inherente al sistema bicameral. El Congreso, como cámara de representación ciudadana, tiene el deber de analizar y modificar, si es necesario, las propuestas del Senado. Reducir el debate político a un mero recuento de votos mayoritarios es olvidar la importancia de la deliberación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos que, por doloroso que sea, exige la gobernabilidad en un contexto plural y diverso como el nuestro. La amenaza de acciones legales, en lugar de propiciar este diálogo, parece un intento de silenciar la voz de la minoría y coartar la capacidad de la cámara baja para ejercer su legítima función.
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