El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha alzado la voz este lunes, exigiendo al Gobierno una mayor transparencia en la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), una cuestión que sigue generando debate en la sociedad española. Según su informe «Raíces Tras los Muros», presentado hoy en el Congreso, aunque en 2024 se registró un descenso del 10% en el número de internamientos, alcanzando los 1.863, la organización califica de «alarmante» la persistencia de irregularidades y la falta de información pública sobre los procesos de expulsión.
El informe del SJM pone el foco en la excepcionalidad que, según la ley, debe regir el internamiento. La ONG denuncia que se priva de libertad a personas con arraigo en España, sin una valoración exhaustiva de sus circunstancias personales ni la consideración de alternativas legales al internamiento. Se trata de una práctica que, según la organización, contradice el espíritu de la legislación y vulnera los derechos fundamentales de los migrantes. ¿Estamos realmente ante una herramienta excepcional, o se está convirtiendo en una práctica habitual y desproporcionada? Esta es la pregunta que plantea el SJM, instando a una reflexión profunda sobre el modelo de gestión migratoria en España.
El informe del SJM dibuja un perfil preocupante del migrante internado en los CIE. De las personas acompañadas por la organización, un 59,6% llevaba entre uno y siete años en España, demostrando un nivel significativo de arraigo. La mayoría tenía entre 25 y 46 años, siendo Colombia y Marruecos las nacionalidades más representadas. Esta situación plantea interrogantes sobre la eficacia y la justicia de las políticas de internamiento, especialmente cuando se aplican a personas que ya han comenzado a construir sus vidas en nuestro país. ¿Qué mensaje estamos enviando a aquellos que, a pesar de las dificultades, buscan integrarse y contribuir a la sociedad española?
Además, el SJM destaca un preocupante aumento en el número de mujeres internadas, pasando de 64 en 2023 a 85 en 2024. Este dato evidencia la necesidad de abordar la problemática desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres migrantes. ¿Estamos garantizando la protección adecuada a estas mujeres en los CIE, o estamos reproduciendo dinámicas de desigualdad y discriminación?
El informe revela que el 31,56% de las repatriaciones forzosas se ejecutaron desde los CIE. La organización critica la falta de transparencia en los procedimientos de expulsión y exige la «publicación periódica» de datos que permitan evaluar la eficacia y la proporcionalidad de estas medidas. La falta de información dificulta el control ciudadano y genera dudas sobre el respeto a los derechos humanos en los procesos de repatriación.
Iván Lendrino, coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos, ha sido contundente al afirmar que la Administración tiene una «asignatura pendiente» en materia de transparencia. «Persiste la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos del Estado que informen periódicamente de este ciclo, que no solo es el del internamiento, que es el de la identificación, la privación de libertad y la repatriación», ha señalado. En un momento en que la migración se ha convertido en un tema central del debate político y social, la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar una gestión migratoria justa y respetuosa con los derechos humanos.
La denuncia del SJM sobre la falta de transparencia en la gestión de los CIE no es solo una llamada de atención al Gobierno, sino un espejo que refleja una persistente sombra en nuestra concepción de la justicia y la hospitalidad. El descenso en el número de internamientos, aunque positivo, palidece ante la alarmante persistencia de irregularidades y la opacidad que rodea los procesos de expulsión. La excepcionalidad del internamiento, consagrada en la ley, se diluye peligrosamente en una práctica que, según el SJM, afecta a personas con arraigo en España, ignorando sus circunstancias personales y alternativas legales. ¿No es acaso una contradicción flagrante que un país que se precia de ser garante de los derechos humanos relegue a la invisibilidad y a la incertidumbre a aquellos que, buscando un futuro mejor, se encuentran con el muro de la burocracia y la sospecha?
La creciente cifra de mujeres internadas, subrayada por el informe, exige una reflexión más profunda y un abordaje con perspectiva de género. No podemos seguir ignorando las vulnerabilidades específicas que enfrentan las mujeres migrantes y perpetuando dinámicas de desigualdad dentro de los CIE. La transparencia no es solo una exigencia burocrática, sino una condición sine qua non para garantizar que los procesos de repatriación sean justos, proporcionales y respetuosos con los derechos humanos. La «asignatura pendiente» señalada por Iván Lendrino no es solo del Gobierno, sino de toda la sociedad, que debe exigir una gestión migratoria que priorice la dignidad humana y la integración, en lugar de la exclusión y la opacidad. La pregunta que debemos hacernos es si estamos construyendo un país inclusivo y solidario, o una fortaleza impenetrable que niega la oportunidad a quienes más la necesitan.
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