Málaga, 27 de septiembre de 2025. La controversia en torno al funcionamiento de las pulseras anti-maltrato, un dispositivo crucial para la protección de miles de mujeres en España, continúa escalando. Tras la reciente memoria anual de la Fiscalía, que destapó las irregularidades surgidas tras la migración del contrato de Telefónica a Vodafone en 2024, eldiariodemalaga.es ha podido confirmar que la crisis se gestaba desde mucho antes, a pesar de los intentos del Ministerio de Igualdad por minimizar su alcance.
No se trata solo de las advertencias reiteradas de los empleados de Cometa, la empresa encargada del soporte técnico, que alertaban sobre las deficiencias del sistema tras el cambio de operador. Tampoco se limita a la ayuda que Telefónica, ya desvinculada contractualmente, se vio obligada a prestar para intentar paliar los fallos, mientras Vodafone acusaba a la anterior empresa de dificultar el acceso a los datos. La realidad es que la preocupación era palpable en los juzgados especializados en Violencia de Género, donde los magistrados, directamente responsables de la seguridad de las víctimas, clamaban por una solución ante la creciente ineficacia del sistema. Sus voces, canalizadas a través del Observatorio contra la Violencia de Género, llegaron al Ministerio, pero la ministra Ana Redondo, según fuentes internas, habría intentado restar importancia a la gravedad de la situación.
El punto de inflexión, según ha podido confirmar este medio, fue la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no dar su visto bueno definitivo al protocolo de uso y gestión de los dispositivos. Este protocolo, esencial para garantizar la correcta utilización de las pulseras y la validez de los datos en procesos judiciales, fue dado por cerrado por Igualdad sin el respaldo del órgano de gobierno de los jueces. Según fuentes del CGPJ, la entonces presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, se encontró con un documento cerrado en la primavera de 2024, a pesar de las "pegas" planteadas por las distintas partes involucradas y los evidentes problemas de funcionamiento de las pulseras. Mientras el Ministerio de Igualdad insiste en que el documento salió adelante "por consenso", lo cierto es que actualmente se trabaja en un nuevo convenio que subsane las deficiencias detectadas.
La situación se agravó aún más con el cambio de operador. Las pulseras, que ya presentaban problemas de cobertura y geolocalización con Telefónica, se volvieron aún más deficientes con Vodafone, según testimonios de jueces y vocales del CGPJ. Esta deficiencia condujo al sobreseimiento de posibles quebrantamientos de órdenes de alejamiento, dejando a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad. La gravedad de la situación llegó a tal punto que la primera visita de la ministra al Observatorio se centró casi exclusivamente en el mal funcionamiento de las pulseras. La información sobre estos errores se mantuvo oculta a la opinión pública, supuestamente para no dar ventaja a los maltratadores, pero la realidad es que esta estrategia de silencio ha contribuido a generar una mayor desconfianza en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género.
Las alarmantes revelaciones sobre el fiasco de las pulseras anti-maltrato destapan una preocupante negligencia institucional que va más allá de un simple cambio de operador. La minimización de los fallos, evidenciada en las maniobras para aprobar un protocolo defectuoso sin el aval del CGPJ, constituye una traición a la confianza depositada por las víctimas en el sistema de protección. La insistencia en el «consenso», cuando las «pegas» eran evidentes y las deficiencias palpables, revela una priorización de la imagen pública por encima de la seguridad real de las mujeres. La ceguera voluntaria ante las advertencias de los profesionales, sumada a la opacidad informativa, socava la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por la erradicación de la violencia de género.
Ante este panorama desolador, no basta con un nuevo convenio que «subsane las deficiencias». Se requiere una investigación exhaustiva para depurar responsabilidades y desentrañar la cadena de decisiones que condujo a este desastre. Es imperativo un ejercicio de transparencia radical, que revele las presiones y los intereses en juego que pudieron influir en la gestión de este contrato vital. Más allá de las soluciones técnicas, urge una profunda reflexión sobre la cultura burocrática que permite que las alertas sean ignoradas y las voces de los jueces, los técnicos y las víctimas sean silenciadas en aras de una supuesta eficiencia. La seguridad de las mujeres no puede ser moneda de cambio en la puja por contratos millonarios ni rehén de la lucha partidista.
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