Málaga, 25 de septiembre de 2025. La protección de las mujeres en riesgo extremo de violencia de género se ha visto sacudida por un escándalo de proporciones mayúsculas. Lo que prometía ser una revolución en la seguridad telemática, con pulseras diseñadas específicamente para salvaguardar vidas, ha derivado en un auténtico fiasco. El Ministerio de Igualdad, ahora bajo la dirección de Ana Redondo, se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse irregularidades en la adquisición de 4.800 dispositivos de seguimiento, supuestamente destinados a proteger a mujeres amenazadas.
La Fiscalía General del Estado ha alzado la voz ante los «múltiples fallos» de las pulseras, evidenciando un funcionamiento defectuoso que pone en grave peligro la integridad de las usuarias. Pero la controversia no se limita a los fallos técnicos. La sombra de la sospecha planea sobre la adquisición de los dispositivos, que, lejos de ser fabricados «ad hoc» como se justificó inicialmente, resultaron ser modelos básicos, aparentemente importados de China con mínimas modificaciones. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, llegó a declarar que los dispositivos eran de una calidad «mucho peor» que los anteriores, y afirmó haber encontrado modelos similares en plataformas de venta online chinas.
El origen de la polémica se remonta a 2023, cuando el Ministerio de Igualdad, entonces liderado por Irene Montero y con Ángela Rodríguez ‘Pam’ como Secretaria de Estado, justificó la inversión de 45 millones de euros en la adquisición de nuevas pulseras argumentando que no existían en el mercado dispositivos adecuados. Esta afirmación, recogida en la memoria justificativa del contrato, contrastaba con la realidad de unos dispositivos que, según fuentes internas, apenas diferían de modelos ya existentes. Lo que en principio se justificó como una necesidad imperiosa de «fabricación ad hoc» se diluyó en un pliego técnico que no hacía referencia alguna a esta exigencia.
El contrato, finalmente adjudicado a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas España, ha levantado ampollas. La no presentación de Telefónica, la anterior adjudicataria, alimentó las especulaciones sobre posibles irregularidades en el proceso. A pesar de obtener una puntuación técnica no especialmente brillante, la UTE se hizo con el contrato, dejando en evidencia las carencias en la migración del sistema.
Ante la creciente presión política y judicial, el Ministerio de Igualdad ha anunciado la retirada de las pulseras y la apertura de un nuevo proceso de licitación. Sin embargo, las explicaciones no terminan de convencer. La oposición exige responsabilidades y ha anunciado la presentación de una moción de censura contra la ministra Redondo. El futuro de la protección telemática de las mujeres en riesgo pende de un hilo, mientras la credibilidad del Ministerio de Igualdad se desmorona ante un escándalo que amenaza con tener consecuencias devastadoras.
El bochorno que supone este escándalo de las pulseras «antiviolencia» chinas es mucho más que un simple error administrativo o una negligencia en la contratación. Representa una traición a la confianza depositada por las mujeres que más protección necesitan. La promesa de una herramienta eficaz para garantizar su seguridad se ha convertido en un símbolo de la ineficacia, la opacidad y, posiblemente, la corrupción. Que una inversión tan significativa como 45 millones de euros termine en dispositivos de calidad inferior a los disponibles en el mercado, y con graves fallos de funcionamiento, clama al cielo. Exige una investigación exhaustiva y la depuración de responsabilidades, no sólo políticas, sino también penales si fuese necesario. La integridad del Ministerio de Igualdad, y la de las empresas adjudicatarias, Vodafone y Securitas, están en entredicho.
Más allá de las responsabilidades individuales, este caso pone de manifiesto una cultura institucional que prioriza la propaganda y el postureo a la gestión eficiente y la transparencia. La insistencia en la «fabricación ad hoc» de los dispositivos, contradicha por la realidad de pulseras genéricas importadas, revela una preocupante desconexión entre el discurso y la práctica. Es fundamental que este fiasco sirva como punto de inflexión para una profunda revisión de los procesos de contratación pública, especialmente en áreas tan sensibles como la protección de las víctimas de violencia de género. No basta con retirar las pulseras defectuosas y abrir una nueva licitación. Es imperativo restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y garantizar que este tipo de errores, o negligencias, no se repitan jamás.
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