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Congreso reprueba a la ministra Redondo por el caso de las pulseras antimaltrato gracias a la abstención de ERC y Junts.

El Congreso reprueba a la Ministra de Igualdad por la crisis de las pulseras antimaltrato, desatando una fractura en el bloque de investidura y abriendo una crisis política de imprevisibles consecuencias.

Terremoto político en Madrid: El Congreso reprueba a la Ministra de Igualdad por la crisis de las pulseras antimaltrato

El Congreso de los Diputados ha vivido hoy, 24 de septiembre de 2025, una jornada de alta tensión con la reprobación de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la polémica desatada por los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato. La votación, que ha revelado una fractura inesperada en el bloque de investidura, ha sido el detonante de una crisis que podría tener consecuencias imprevisibles en la estabilidad del Gobierno central.

La moción, presentada por el Partido Popular, ha encontrado un inesperado aliado en la abstención de ERC y Junts, un giro que ha permitido que la reprobación saliera adelante con 170 votos a favor frente a 162 en contra. La imagen de los diputados independentistas negándose a apoyar a la Ministra, pese a ser socios habituales del Ejecutivo, ha dejado una estampa insólita en la cámara baja y ha desatado un torbellino de especulaciones sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta decisión.

La polémica declaración que encendió la mecha

El punto álgido del debate se alcanzó cuando la Ministra Redondo, durante la sesión de control al Gobierno, afirmó que «ninguna de las mujeres que llevaban pulsera ha sido asesinada». Estas palabras, lejos de calmar los ánimos, desataron la furia de la oposición y, lo que es más sorprendente, la indignación de parte de sus propios socios parlamentarios. La diputada de Junts, Pilar Calvo, calificó el argumento de «absolutamente inadmisible», mientras que ERC vio en esta declaración la gota que colmó el vaso para decidir su abstención.

La crisis de las pulseras antimaltrato, que ha provocado «una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» según el texto de la moción, ha sacudido los cimientos del Ministerio de Igualdad. La moción aprobada no solo reprocha la gestión de Redondo, sino que además insta al Presidente del Gobierno a cesarla de su cargo, una exigencia que, aunque no vinculante, añade presión a la ya de por sí delicada situación.

Ahora, la pelota está en el tejado del Presidente del Gobierno. ¿Cederá a las presiones de la oposición y de parte de sus socios parlamentarios, o mantendrá su apoyo a la Ministra Redondo a pesar de la tormenta política? La respuesta, que se espera en los próximos días, podría marcar un antes y un después en la legislatura. El futuro de la Ministra, y quizás del propio Gobierno, pende de un hilo.

La reprobación de la Ministra Redondo, más allá del circo parlamentario y el oportunismo político inherente a estas mociones, pone el foco en una realidad innegable: la gestión del sistema de pulseras antimaltrato ha sido un fiasco de proporciones considerables. Escudarse en que «ninguna mujer con pulsera ha sido asesinada» no solo es un ejercicio de cinismo político, sino una afrenta a la memoria de todas aquellas que sí lo fueron y para quienes estas herramientas deberían haber supuesto una capa de protección efectiva. Que ERC y Junts hayan encontrado en este asunto la excusa perfecta para desmarcarse del Gobierno central es, sin duda, un síntoma de la fragilidad de los pactos, pero también una llamada de atención sobre la imperiosa necesidad de evaluar, con rigor y honestidad, la eficacia real de las políticas públicas en materia de igualdad.

El debate, sin embargo, no debería limitarse a señalar culpables ni a exigir cabezas. Es fundamental analizar las causas del fracaso, desde los fallos técnicos hasta la falta de recursos y la insuficiente coordinación entre las distintas administraciones. Plantear una solución pasa inevitablemente por una auditoría exhaustiva del sistema, por la incorporación de mejoras tecnológicas que garanticen su fiabilidad y por la formación adecuada de los profesionales encargados de su implementación. De lo contrario, seguiremos asistiendo a este tipo de situaciones, donde la demagogia política y la ineficacia administrativa se combinan para minar la confianza de las víctimas y para perpetuar una lacra que, lejos de remitir, sigue siendo una de las grandes vergüenzas de nuestra sociedad.

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