Las Islas Canarias se preparan para un cierre de año que promete ser especialmente tenso en materia de inmigración. El Gobierno autonómico estima que, de aquí a final de 2025, se producirán 7.000 llegadas más de inmigrantes irregulares, elevando la cifra total del año a 20.000 personas. Un volumen que, aunque inferior al del año anterior, amenaza con colapsar unos servicios sociales ya al límite de su capacidad. La advertencia fue lanzada por el presidente canario, Fernando Clavijo (CC), y el vicepresidente, Manuel Domínguez (PP), durante el foro «La España vertebrada» organizado por El diario de Málaga en Las Palmas de Gran Canaria.
Las acusaciones vertidas por Clavijo y Domínguez contra el Gobierno central fueron contundentes. Ambos mandatarios coincidieron en señalar una supuesta falta de voluntad por parte de Moncloa para abordar la crisis migratoria en el archipiélago. Clavijo llegó a afirmar que el Gobierno «utiliza la inmigración para generar crispación política», mientras que Domínguez acusó al Ejecutivo de Sánchez de buscar la polarización para beneficiar electoralmente a Vox y movilizar al electorado socialista. Unas declaraciones que evidencian la creciente tensión entre el Gobierno canario y el central en relación con la gestión de la inmigración.
Domínguez insistió en la necesidad urgente de un mayor despliegue de Frontex en las costas canarias, argumentando que esto permitiría reducir el número de cayucos y, sobre todo, salvar vidas. Sin embargo, el vicepresidente lamentó que el Gobierno central no esté dispuesto a solicitar este apoyo, ya que «eso aliviaría la bronca, que es donde el Gobierno vive cómodo». La situación, según Domínguez, pone en riesgo la seguridad de Canarias, de España y de la UE.
Otro punto de fricción entre Canarias y el Gobierno central es la situación de los menores malienses no acompañados. Clavijo criticó duramente la pasividad del Ejecutivo a la hora de acoger a los 1.000 niños que han solicitado asilo en España, a pesar de que el Tribunal Supremo ha dictaminado que es el Gobierno quien debe hacerse cargo de ellos. El presidente canario lamentó que, hasta la fecha, solo se haya trasladado a un centenar de menores desde las islas.
Además, Domínguez denunció que el Gobierno central no está cumpliendo con su propio decreto-ley para la derivación de menores desde Canarias a centros autonómicos del resto de España, y acusó al Ejecutivo de esperar a que los menores cumplan la mayoría de edad para evitar tener que atenderlos. El vicepresidente canario también se quejó del trato preferencial que reciben Cataluña y País Vasco en este reparto, y alertó de que las autonomías no están recibiendo financiación adicional para asumir la atención de los menores.
La contundencia de las críticas y la unidad mostrada por los dos líderes canarios, pertenecientes a partidos diferentes, no pasaron desapercibidas. La imagen de Clavijo y Domínguez cargando juntos contra el Gobierno central evidenció la gravedad de la situación y la profunda preocupación que existe en Canarias ante la falta de soluciones a la crisis migratoria. La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno central reaccionará ante estas críticas y tomará medidas concretas para aliviar la presión migratoria en las Islas Canarias.
La virulencia con la que Clavijo y Domínguez señalan al Gobierno central, acusándolo de «estrategias ocultas» y hasta de instrumentalizar la inmigración para fines políticos, es una estrategia tan previsible como contraproducente. Si bien es innegable la presión que sufre Canarias, convertir la gestión migratoria en un arma arrojadiza partidista no solo banaliza un drama humano de proporciones épicas, sino que oscurece la búsqueda de soluciones pragmáticas y colaborativas. La insistencia en responsabilizar exclusivamente a Sánchez obvia la complejidad inherente a los flujos migratorios y la necesidad de un enfoque europeo integral, donde la solidaridad y la corresponsabilidad sean pilares fundamentales, no meros eslóganes.
Más allá de las acusaciones cruzadas, la insistencia en la falta de despliegue de Frontex o en el retraso en el traslado de menores no acompañados revela una preocupante miopía. Centrarse en la contención y el reparto de responsabilidades es sintomático de un sistema que aún no ha entendido que la inmigración irregular no es un problema a resolver, sino una realidad estructural a gestionar con humanidad y eficacia. ¿De qué sirve aumentar la presencia de Frontex si no se abordan las causas profundas que empujan a miles de personas a jugarse la vida en el Atlántico? ¿Qué mensaje enviamos al mundo cuando priorizamos la burocracia y las cuotas autonómicas sobre el bienestar y la protección de niños vulnerables? Canarias, como puerta de entrada a Europa, debería liderar un debate honesto sobre la necesidad de políticas migratorias más justas, seguras y sostenibles, en lugar de alimentar una narrativa xenófoba que solo beneficia a los extremismos.
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