La reciente etapa de La Vuelta a España, convertida en escenario de protestas pro-Palestina, ha reabierto viejas heridas y alimentado un debate sobre la legitimidad y la motivación detrás del activismo en el País Vasco. La imagen de Ibon Meñika, condenado por su vinculación con la financiación de ETA, resaltada en la portada de un diario nacional, ha exacerbado las críticas, cuestionando la coherencia ética de quienes ahora se erigen como defensores de derechos humanos.
Las interrupciones en la carrera ciclista, orquestadas por grupos portando banderas palestinas y pancartas con el lema «Palestina Askatu», contrastan dolorosamente con el silencio, o la justificación velada, que muchos observaron durante los años de plomo. El espectro de las víctimas de ETA, la ausencia de una condena unánime y sincera por los crímenes cometidos, planea sobre cada manifestación, tiñendo de sospecha la sinceridad de las nuevas causas abrazadas. ¿Es genuina la preocupación por el pueblo palestino, o se trata de una nueva forma de justificar una ideología que históricamente ha priorizado la violencia y la exclusión?
La memoria colectiva es implacable. Las imágenes de aquellas concentraciones silenciosas pidiendo la liberación de Ortega Lara o Cosme Delclaux, confrontadas con el fervor actual, generan un profundo escepticismo. La selectividad moral, la elección de causas que parecen ajustarse a una agenda política preestablecida, debilita la credibilidad del activismo. La comparación con la indiferencia mostrada ante otras crisis humanitarias, como los asesinatos de cristianos en Nigeria o la agresión a la población civil en Ucrania, es inevitable.
El temor es que la causa palestina, justa en sí misma, se convierta en un mero instrumento, en una herramienta de propaganda para un sector radicalizado que busca lavar su imagen y perpetuar un discurso de victimismo. La verdadera solidaridad no debería ser selectiva, ni estar condicionada por cálculos políticos. La ética exige coherencia, y la memoria, respeto. Solo así se podrá construir un futuro donde el activismo se base en la genuina defensa de los derechos humanos, sin la sombra del pasado enturbiando el presente.
La polvareda levantada por las protestas pro-Palestina en la Vuelta Ciclista a España, con el pasado de ciertos activistas salpicado de vínculos con ETA, nos obliga a un ejercicio incómodo, pero necesario: el de la autocrítica. Es comprensible la indignación ante la aparente incongruencia entre la defensa actual de los derechos humanos del pueblo palestino y el silencio, o peor aún, la justificación de la violencia ejercida durante décadas en el País Vasco. La sombra del terrorismo, como un fantasma pertinaz, amenaza con contaminar cualquier causa, por noble que sea, si no se ha hecho antes un proceso honesto y profundo de reparación con las víctimas. Pretender enarbolar la bandera de la justicia sin haber saldado las cuentas con un pasado doloroso no solo resulta moralmente cuestionable, sino que, además, mina la credibilidad de cualquier reivindicación.
Sin embargo, tampoco podemos caer en la simplificación de demonizar automáticamente cualquier activismo basándose exclusivamente en el pasado de algunos de sus participantes. Reducir la causa palestina, una lucha legítima reconocida internacionalmente, a una mera estrategia de lavado de imagen por parte de sectores radicalizados es, además de injusto, peligroso. La solidaridad, si bien debe ser coherente y universal, también puede ser fruto de una evolución personal y política. Lo crucial, por tanto, no es tanto juzgar las motivaciones individuales, sino exigir una condena clara e inequívoca del terrorismo, pasado y presente, como un requisito indispensable para participar en cualquier debate público con legitimidad moral. Solo así podremos construir un activismo que se base en la ética, la memoria y el respeto a todas las víctimas.
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