Málaga, 10 de septiembre de 2025 – El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido hoy en el Congreso de los Diputados en una jornada marcada por la tensión y las acusaciones cruzadas. Si bien la comparecencia inicial buscaba dar explicaciones sobre el caos ferroviario y las incidencias en los aeropuertos que han azotado España este verano, Puente aprovechó la tribuna para lanzar una dura crítica a lo que él considera una «ley del silencio» impuesta sobre las infraestructuras de transporte gestionadas por las comunidades autónomas.
«Les intereso yo, les interesa cómo hincarme el diente», afirmó Puente, sugiriendo que el foco mediático y político se centra desproporcionadamente en su gestión, mientras que los problemas similares en las redes autonómicas son silenciados. El ministro denunció una doble vara de medir, acusando a ciertos sectores de ejercer una «omertá» cuando las incidencias ocurren fuera del ámbito estatal. Como ejemplo, citó las escenas de saturación en el Metro de Madrid, sugiriendo que no reciben la misma atención que los problemas en Renfe o Adif.
En un giro inesperado, Puente también anunció que Renfe está estudiando presentar una reclamación de responsabilidad contra las comunidades de Castilla y León y Galicia por las pérdidas económicas derivadas de la interrupción del tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia en agosto, causada por los incendios forestales. Según el ministro, la empresa pública y Adif perdieron tres millones de euros durante los nueve días de interrupción, un coste que considera injusto que deba asumir Renfe.
«Hay unas administraciones que tienen que dimensionar un servicio de prevención y extinción de incendios y no lo hicieron, y las consecuencias las paga Renfe», lamentó Puente, abriendo un nuevo frente de conflicto con las administraciones autonómicas implicadas. La reclamación, de prosperar, podría sentar un precedente importante en la distribución de responsabilidades en situaciones de emergencia.
Además del caos ferroviario y los incendios, el ministro también abordó las críticas al nuevo mapa concesional del transporte en autobús, defendiendo que no se ha eliminado ninguna parada en el ámbito rural y que el objetivo es optimizar las rutas estatales y mejorar la conexión entre las áreas rurales y las grandes urbes. Puente insistió en que el plan requiere la colaboración de las comunidades autónomas y que el Estado está dispuesto a ofrecer financiación para ello.
Finalmente, Puente aprovechó su intervención para expresar sus dudas sobre los beneficios de la liberalización ferroviaria, argumentando que ha provocado una «competencia destructiva» a pesar de haber contribuido a la reducción de precios. Sus palabras podrían anticipar un cambio de rumbo en la política ferroviaria del Gobierno, aunque el ministro no ofreció detalles concretos al respecto. La comparecencia de Puente ha dejado al descubierto las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia de transporte y ha abierto nuevos interrogantes sobre el futuro del sector ferroviario en España.
La comparecencia del ministro Puente, más que una rendición de cuentas sobre la gestión de las infraestructuras de transporte, pareció una estrategia de defensa victimista. **Si bien es cierto que el escrutinio sobre la administración central suele ser más intenso, no justifica desviar la atención hacia las competencias autonómicas de forma tan acusatoria.** La «omertá» denunciada podría existir, pero no exime al Ministerio de asumir sus propias responsabilidades en el caos ferroviario y aeroportuario que hemos vivido este verano. Culpar a los incendios, y más aún, amagar con reclamaciones económicas a comunidades ya golpeadas por la catástrofe, resulta un ejercicio de escapismo político poco edificante.
El anuncio de la posible reclamación a Castilla y León y Galicia por los incendios, lejos de sentar un precedente, corre el riesgo de convertirse en un nuevo capítulo de confrontación territorial. **La descoordinación entre administraciones es un problema endémico que urge resolver, pero no a golpe de facturas y acusaciones públicas.** La reflexión sobre la liberalización ferroviaria, aunque necesaria, llega en un momento inoportuno y alimentando la desconfianza. ¿Se busca realmente mejorar el servicio o se está preparando el terreno para un regreso al monopolio estatal? La ciudadanía merece respuestas claras y soluciones concretas, no más ruido político.
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