Madrid, 5 de septiembre de 2025 – La solemne apertura del Año Judicial ha estado marcada por la contundente intervención de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En un contexto ya crispado por la presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado, junto al Rey Felipe VI, y las recientes críticas gubernamentales a la judicatura, el discurso de Perelló resonó como un firme alegato en defensa de la independencia judicial y una crítica implícita a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
En un acto que congregó a las más altas instancias del Estado, incluyendo al ministro de Justicia, Félix Bolaños, la presidenta del Supremo no escatimó palabras para expresar su preocupación por la situación actual de la Justicia en España. Más allá de las controversias políticas, Perelló hizo hincapié en la esencia misma del sistema judicial: un servicio público esencial para la ciudadanía. "La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos", sentenció ante la atenta mirada de los presentes.
Uno de los puntos centrales del discurso fue el proyecto de ley para modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal, una iniciativa que ya provocó una huelga histórica de jueces el pasado mes de julio. Perelló reconoció la necesidad de incrementar el número de jueces, pero advirtió que este objetivo no puede alcanzarse a costa de la calidad de la formación. "El necesario incremento del número de jueces no puede hacerse en detrimento de la calidad de la formación que exige la función jurisdiccional", afirmó. La presidenta del Supremo reclamó que cualquier modificación en el sistema de selección respete los principios de publicidad, objetividad y transparencia, elementos clave para garantizar la independencia y autonomía de los futuros magistrados. La tensión fue palpable cuando Perelló defendió que los magistrados "no son inmovilistas" y que "reclamamos constantemente mejoras, pero estas deben tener como finalidad profundizar en nuestra formación e independencia".
Más allá de la polémica reforma, Perelló también abordó otros desafíos cruciales para el sistema judicial español. La implantación de los tribunales de instancia fue motivo de preocupación, dada la complejidad organizativa que conlleva. Asimismo, la presidenta del Supremo alertó sobre la "carencia alarmante" de jueces en nuestro país. Citando datos concretos, Perelló recordó que en 2024 los juzgados y tribunales españoles resolvieron siete millones de asuntos, 800.000 más que el año anterior, y dictaron más de dos millones de sentencias. A pesar de este esfuerzo, la ratio de jueces por habitante en España sigue siendo muy inferior a la media europea. Esta situación, sumada a la necesidad urgente de crear 509 plazas judiciales adicionales, según un informe del CGPJ, plantea un panorama desafiante para el futuro de la Justicia en España.
La intervención de Isabel Perelló en la apertura del Año Judicial, lejos de ser una mera formalidad, se erige como un **desesperado grito de auxilio ante la progresiva erosión de la independencia judicial en España**. Si bien es cierto que la judicatura no es inmune a la autocrítica y necesita reformas, las acometidas desde el poder ejecutivo, y particularmente la politización de la figura del Fiscal General, minan la confianza ciudadana en una institución que debería ser garante de la ecuanimidad y la justicia. La defensa de la calidad formativa frente a la mera cantidad de jueces es crucial, pero igualmente importante es la necesidad urgente de un pacto de Estado que despolitice el CGPJ y blinde al poder judicial de injerencias partidistas. El silencio complaciente de muchos ante esta situación no solo es irresponsable, sino que socava los pilares del Estado de Derecho.
Más allá de la defensa corporativa, Perelló acertó al señalar la **insuficiencia de recursos y la precaria situación de los tribunales de instancia, auténtica primera línea de contacto entre la justicia y el ciudadano**. No basta con alardear de un incremento en el número de sentencias; es imperativo dotar a los juzgados de los medios necesarios para agilizar los procesos y garantizar una justicia eficaz y accesible. La brecha entre la administración de justicia y las necesidades de la sociedad malagueña, con sus particularidades y retos, es cada vez más evidente. Invertir en la judicatura no es un gasto, sino una inversión en la estabilidad democrática y en el bienestar de la ciudadanía, algo que, lamentablemente, parece escapar a la lógica cortoplacista de nuestros gobernantes.
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