Málaga, 5 de septiembre de 2025 – La solemne apertura del Año Judicial ha sido el escenario elegido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para lanzar un mensaje contundente en defensa de la independencia judicial. En un discurso pronunciado en presencia del Rey Felipe VI y del ministro de Justicia, Félix Bolaños, Perelló ha respondido directamente a las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien insinuó que algunos jueces estaban "haciendo política".
La intervención de Perelló, la primera mujer en ostentar este cargo, se ha centrado en recalcar la importancia del respeto institucional y la lealtad a los principios del Estado de Derecho. "Son aceptables el desacuerdo y la crítica, pero no la descalificación y la atribución de intenciones ocultas al Poder Judicial", sentenció Perelló, en clara alusión a las palabras de Sánchez. La presidenta del Tribunal Supremo ha enfatizado que las "insistentes descalificaciones" provenientes de los poderes públicos socavan la confianza ciudadana en la justicia, contraviniendo las recomendaciones europeas.
Perelló, conocida por su trayectoria progresista y su origen catalán, ha apelado a la responsabilidad de todos los poderes del Estado en la preservación de la confianza y la credibilidad en la justicia. "La confianza y la credibilidad en la justicia son un bien común que debe ser preservado, porque de ellas depende la fortaleza misma de nuestro Estado de Derecho", afirmó con vehemencia. Para Perelló, la independencia judicial es un pilar fundamental de la democracia, ya que sin ella, no hay quien garantice el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos de los ciudadanos.
El discurso de Perelló no se ha limitado a responder a las críticas del Gobierno, sino que también ha abordado las controvertidas reformas judiciales impulsadas por el Ejecutivo. Si bien no profundizó en detalles, sí dejó claro que "la democracia no puede funcionar si los ciudadanos no creen en las instituciones. La única manera de lograr que confíen en ellas es cumpliendo con su función constitucional, sin excusas ni reproches". Un mensaje que, sin duda, resonará en los próximos meses en el debate sobre el futuro de la justicia en España.
La intervención de Isabel Perelló en la apertura del Año Judicial, si bien necesaria, adolece de una ingenuidad alarmante. Pretender que la independencia judicial se preserva únicamente mediante la defensa pública y la invocación a la responsabilidad institucional es, en el contexto político actual, un ejercicio de voluntarismo casi pueril. Las «insistentes descalificaciones» que denuncia Perelló no son meros ataques verbales, sino una estrategia calculada para erosionar la legitimidad de las decisiones judiciales que no convienen al poder ejecutivo. La sociedad malagueña, cada vez más escéptica ante la clase política, demanda acciones concretas, no meros discursos bienintencionados.
Perelló acierta al señalar la importancia de la confianza ciudadana en la justicia, pero yerra al no proponer mecanismos efectivos para restaurarla. El problema no reside únicamente en las declaraciones incendiarias de los políticos, sino en la percepción, a menudo justificada, de que la justicia opera a dos velocidades, beneficiando a los poderosos y penalizando a los vulnerables. Reformas judiciales profundas, transparencia en la designación de jueces y una mayor rendición de cuentas son imperativas. De lo contrario, la vehemencia discursiva de la Presidenta del Tribunal Supremo resonará como un eco vacío en la Málaga que lucha día a día contra la corrupción y la impunidad.
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