La tradicional apertura del año judicial, un acto solemne que reúne a las más altas instituciones del Estado, se verá ensombrecida este año por una notoria ausencia: la de Alberto Núñez Feijóo. Por primera vez desde que lidera el Partido Popular, Feijóo ha optado por no asistir a la ceremonia presidida por el Rey Felipe VI, desatando una oleada de reacciones y críticas desde diversos sectores políticos y jurídicos.
En lugar de codearse con magistrados y autoridades en el solemne evento, el líder popular ha preferido desplazarse hasta la Comunidad de Madrid para participar en la inauguración del curso político del PP regional, un acto en el que compartirá protagonismo con la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La coincidencia de fechas y horarios no parece ser casual, sino una clara declaración de intenciones en un momento de alta tensión política.
La decisión de Feijóo ha sido justificada por fuentes del PP, que alegan un «compromiso previamente adquirido». Sin embargo, la verdadera razón parece ser el profundo malestar del partido con la presencia del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la apertura del año judicial. La situación procesal del Fiscal General, a la espera de ser juzgado por el Tribunal Supremo, ha sido duramente criticada por el PP, que considera inaceptable que ocupe un cargo de tal relevancia estando bajo sospecha.
La ausencia de Feijóo en el acto presidido por el Rey ha sido interpretada por muchos como un gesto de desprecio hacia la institución judicial y una forma de presionar al Gobierno para que destituya al Fiscal General. El PP lamenta que el Gobierno de Pedro Sánchez someta al jefe del Estado a la «tensión institucional» de compartir acto con un fiscal en estas circunstancias, insistiendo en que sería fácilmente evitable si se forzara su renuncia inmediata.
Las críticas del PP no se limitan a la situación del Fiscal General. El partido denuncia una supuesta falta de respeto del Gobierno hacia la Justicia, recordando la amnistía a imputados, los indultos a condenados y las investigaciones que afectan a personas cercanas al Presidente del Gobierno. En este contexto, la decisión de Feijóo de plantar al Rey y elegir a Ayuso se interpreta como una forma de marcar distancias con un Gobierno al que acusa de «interferir» en la labor judicial.
La calculada ausencia de Feijóo en la apertura del año judicial, so pretexto de un compromiso con Ayuso, es un golpe bajo a la institucionalidad y una preocupante muestra de la deriva tacticista del PP. Si bien es legítimo cuestionar la idoneidad del Fiscal General del Estado, instrumentalizar la Corona para dirimir querellas políticas roza la irresponsabilidad. El problema no reside tanto en la mera ausencia, sino en el mensaje que transmite: la Justicia, convertida en rehén de la pugna partidista, pierde valor como pilar fundamental del Estado. Se legitima, de facto, la desconfianza ciudadana en un poder que debería ser imparcial y garante de la ley para todos.
Más allá del gesto, es la estrategia de fondo lo que resulta inquietante. Al priorizar un mitin con Ayuso sobre un acto de Estado, Feijóo parece abonar el terreno para una radicalización del discurso y una polarización aún mayor del debate público. ¿Es este el camino para construir una alternativa de gobierno seria y creíble? La sobreactuación y el populismo, disfrazados de defensa de la Justicia, no hacen sino erosionar la legitimidad de las instituciones y dificultan el necesario consenso para abordar los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Urge una reflexión profunda sobre la responsabilidad de los líderes políticos en la preservación de la convivencia democrática.
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