Málaga, 29 de agosto de 2025 – Un nuevo frente se abre en la ya tensa relación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, esta vez a raíz de la distribución de menores extranjeros no acompañados (MENA). La chispa ha saltado entre el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el lehendakari vasco, Imanol Pradales, escalando un conflicto que expone las profundas diferencias en la gestión migratoria y la asignación de recursos.
El origen de la disputa reside en la percepción andaluza de un trato de favor hacia el País Vasco por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Moreno Bonilla cuestionó públicamente la concesión «de facto» del estatus de «frontera norte» a la comunidad vasca, alegando que Andalucía, como principal punto de entrada de inmigrantes irregulares a través del Estrecho, debería gozar de la misma consideración como «frontera sur». La pregunta retórica «¿Cuántas pateras llegan al País Vasco?» resonó con fuerza, subrayando la frustración andaluza ante una situación que consideran injusta.
La reacción de Pradales no se hizo esperar. Según ha trascendido, el lehendakari contactó telefónicamente con Moreno para aclarar que el País Vasco no ostenta formalmente el reconocimiento de «frontera norte», añadiendo un dato aún más controvertido: el 50% de los menores inmigrantes que acoge en sus centros proceden de Andalucía, llegando a la comunidad en autobús. Esta afirmación pone de manifiesto un fenómeno de migración interna de MENA que agrava la ya de por sí compleja situación.
Este movimiento interno no es nuevo. Ya en 2018, durante la crisis migratoria que saturó los recursos andaluces, la propia Junta, entonces liderada por Susana Díaz, alertó sobre la «fuga masiva» de menores de sus centros en busca de mejores oportunidades y recursos en otras regiones, especialmente en el País Vasco, Cataluña o incluso Francia. Las redes de tráfico de personas que facilitaban el cruce del Estrecho también ofrecían traslados a estos menores hacia el norte, evidenciando un negocio lucrativo que se aprovecha de la vulnerabilidad de los inmigrantes.
Si bien el intercambio de declaraciones entre Moreno y Pradales ha estado marcado por la ironía y la contención, el fondo del asunto revela un profundo malestar con los criterios aplicados por el Gobierno central en el reparto de menores. La decisión de priorizar las plazas que las comunidades «deberían» habilitar en función de su población, en lugar de las plazas realmente disponibles, ha dejado al País Vasco y Cataluña en una posición ventajosa, generando agravios comparativos.
Andalucía, con una ocupación de sus 645 plazas superior al 90%, se ve obligada a acoger a un número desproporcionado de menores según la ratio establecida por el Gobierno (32,6 plazas por cada 100.000 habitantes), lo que la obligaría a acoger hasta 2.827 menores. Una cifra que, según fuentes de la Junta, resulta inasumible sin una mayor inversión y colaboración por parte del Estado.
La polémica no se limita a la cuestión económica. El debate sobre el estatus de «frontera» pone de manifiesto la necesidad de una política migratoria integral y coordinada a nivel nacional, que tenga en cuenta las particularidades de cada territorio y que evite la creación de «fronteras internas» que dificultan la integración y la protección de los menores extranjeros.
Pese a la tensión, ambas administraciones han acordado la celebración de una próxima reunión conjunta entre sus consejerías competentes en la materia. Un encuentro que se presenta como una oportunidad para tender puentes, buscar soluciones consensuadas y evitar que la confrontación política entorpezca la atención y el cuidado de los menores más vulnerables. El futuro de estos niños y adolescentes depende de ello.
La infantilización de la política en materia migratoria, ejemplificada en este rifirrafe entre Andalucía y País Vasco, es, sencillamente, indecente. El debate sobre quién recibe más o menos menores no acompañados se reduce a una mezquina lucha por recursos, obviando la raíz del problema: la falta de una política migratoria estatal coherente y humanitaria. Convertir a estos niños y adolescentes en meros números en una balanza económica, en lugar de verlos como sujetos de derecho que requieren protección y oportunidades, es un síntoma de la profunda crisis de valores que atraviesa nuestra sociedad. La retórica de «fronteras» y «favores» no solo alimenta la xenofobia, sino que también desvía la atención de la necesidad urgente de crear mecanismos de acogida dignos y eficientes, independientemente de la comunidad autónoma en la que se encuentren.
Más allá de las cifras y las justificaciones, este conflicto territorial revela una preocupante falta de solidaridad y coordinación. Que menores tutelados por la Junta de Andalucía se desplacen al País Vasco en busca de mejores condiciones es un fracaso colectivo. No basta con repartir responsabilidades; es imperativo abordar las causas que motivan esta migración interna. ¿Qué está fallando en el sistema andaluz de protección a la infancia que impulsa a estos jóvenes a buscar alternativas en otras regiones? ¿Cómo podemos fortalecer la colaboración entre comunidades autónomas para garantizar una atención integral y evitar que se conviertan en víctimas de redes de tráfico? Estas son las preguntas que deberíamos estar haciéndonos, en lugar de enzarzarnos en disputas estériles que solo benefician a quienes lucran con la vulnerabilidad ajena.
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