El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha asestado un duro golpe al Servicio Canario de la Salud (SCS), condenándolo a indemnizar con 60.000 euros a la familia de un paciente de 61 años. La razón: una alta hospitalaria negligente en el Hospital Insular de Gran Canaria que dejó al hombre, con problemas de desorientación, abandonado a su suerte durante seis angustiosas horas. La sentencia, que sienta un importante precedente, pone de manifiesto las fallas en los protocolos de atención y la desprotección de los pacientes más vulnerables dentro del sistema sanitario canario.
La pesadilla comenzó el 27 de septiembre de 2022, cuando una doctora del Hospital Insular, ignorando las advertencias de la familia, decidió dar de alta al paciente catalogado como A.A. –individuos que requieren atención y acompañamiento especiales–. La familia, consciente del estado de desorientación del hombre, había solicitado explícitamente ser contactada antes de cualquier decisión. Su llamada quedó en el vacío. Las cámaras de seguridad del hospital registraron el momento en que el paciente, confundido, intentaba regresar al interior del centro, siendo rechazado en la puerta. A partir de ahí, se desató la desesperación.
Desde las diez y media de la noche hasta las cuatro y media de la madrugada, la familia buscó frenéticamente al hombre. La angustia los llevó a recurrir a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, hasta que finalmente lo encontraron, completamente desorientado, vagando sin rumbo. La negligencia, según el TSJC, es flagrante. El paciente, identificado con una tarjeta A.A., gozaba de una protección especial destinada a minimizar su tiempo de espera y garantizar su seguridad dentro del recinto hospitalario. En lugar de ello, fue abandonado a su suerte, víctima de una cadena de errores que pudieron tener consecuencias fatales.
Inicialmente, los servicios jurídicos del Gobierno canario y un juzgado de primera instancia habían rechazado la reclamación de la familia, argumentando que la denuncia inicial carecía de los «requisitos específicos mínimos». El TSJC, sin embargo, ha desestimado estos argumentos, reconociendo la «falta de conocimientos del derecho» por parte de los denunciantes, que presentaron su reclamación un día después del incidente. La sentencia del TSJC es un claro mensaje: la burocracia no puede ser un obstáculo para la protección de los derechos de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de personas vulnerables que confían en el sistema sanitario. Este caso no solo supone una compensación económica para la familia, sino también una llamada de atención para que el Servicio Canario de la Salud revise sus protocolos y garantice la seguridad y el bienestar de todos sus pacientes.
Más allá de la justa indemnización, la sentencia del TSJC en este caso canario debería resonar como un **estruendoso toque de atención a la gestión sanitaria, no solo en las islas, sino a nivel nacional**. El abandono de un paciente vulnerable, identificado precisamente como necesitado de atención especial, es un síntoma preocupante de un sistema que a menudo prioriza la eficiencia burocrática sobre la dignidad humana. No se trata solo de un error puntual, sino de la posible punta del iceberg de una deshumanización progresiva en la atención al paciente, donde los protocolos prevalecen sobre el sentido común y la empatía.
Este incidente pone de manifiesto la urgencia de una **revisión profunda de los protocolos de alta hospitalaria**, especialmente aquellos relativos a pacientes con necesidades especiales. La capacitación del personal sanitario debe ir más allá de la mera aplicación de procedimientos; es fundamental fomentar una cultura de responsabilidad y sensibilidad hacia los más vulnerables. La sentencia del TSJC es un paso importante, pero la verdadera victoria será cuando casos como este sean una excepción y no una alarmante muestra de las grietas en nuestro sistema de salud. No basta con indemnizar, hay que prevenir y asegurar que la salud pública vele por la integridad de sus ciudadanos.
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