La incesante vorágine de fuego que consume Galicia y el noroeste peninsular ha obligado al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a interrumpir su periodo vacacional y personarse en Ourense este domingo. La magnitud de la tragedia, con más de 50.000 hectáreas de monte arrasadas, ha impulsado a Sánchez a anunciar la inminente propuesta de un ambicioso Pacto de Estado por la emergencia climática, un llamamiento desesperado a la unidad política y social frente a una amenaza que se cierne sobre el futuro de España.
La comparecencia del Presidente, arropado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, tuvo lugar en el centro de coordinación operativo contraincendios de Ourense. Allí, Sánchez reconoció la necesidad de «mejorar» y «redimensionar» las capacidades del Estado para hacer frente a los incendios y al recrudecimiento de los efectos del cambio climático, fenómenos que, según sus palabras, se tornan «cada vez más graves«. La urgencia de la situación era palpable, incluso la comparecencia se vio interrumpida por la indisposición de una periodista, víctima del sofocante calor en la sala de prensa, un crudo reflejo de la ola de calor que azota la región.
El Pacto de Estado propuesto por Sánchez se concibe como un ambicioso proyecto de «mitigación y adaptación a la emergencia climática«. Un llamamiento que trasciende las siglas políticas y busca involucrar a todas las administraciones públicas, grupos parlamentarios, al poder legislativo, a la sociedad civil, la ciencia, la empresa, los sindicatos y, en definitiva, al conjunto de la nación. Se trata, en palabras del Presidente, de «una reflexión de fondo, una estrategia que anticipe, una mejor respuesta, más garantista, más segura a nuestros conciudadanos» ante la creciente aceleración de los efectos de la crisis climática.
La visita de Sánchez se produce en un momento crítico, con doce grandes incendios activos en la provincia de Ourense, y con la presión creciente sobre el Gobierno central para que aumente los recursos destinados a la extinción. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aprovechó la ocasión para trasladar al Presidente la urgente necesidad de «más medios» por parte del Estado. La propuesta de un Pacto de Estado se presenta, en este contexto, como un intento de trascender la mera respuesta inmediata al fuego y sentar las bases para una estrategia a largo plazo que proteja a España de los devastadores efectos del cambio climático. Habrá que ver si esta llamada a la unidad encuentra eco en un panorama político cada vez más polarizado, o si, por el contrario, se diluye entre las llamas de la confrontación.
La teatralidad de la irrupción presidencial en Ourense, interrumpida de forma conveniente la semana vacacional, no puede ocultar la **urgencia de una acción gubernamental que llega, una vez más, tarde y mal**. El anuncio de un Pacto de Estado por la emergencia climática, aunque bienintencionado, suena a maniobra distractiva frente a la incapacidad demostrada para prevenir y gestionar la magnitud de la catástrofe incendiaria. Mientras las llamas devoran el patrimonio natural, nos ofrecen una declaración de intenciones, un documento futuro que, previsiblemente, se perderá en el laberinto burocrático o será víctima de la polarización política que el propio gobierno alimenta. ¿Dónde estaban los medios prometidos, la planificación exhaustiva, la coordinación eficiente, antes de que el fuego consumiera miles de hectáreas? La emergencia climática no es una novedad, sino una realidad palpable que exige respuestas concretas e inmediatas, no grandilocuentes pactos a largo plazo.
El Pacto de Estado, en sí mismo, no es una mala idea, pero su éxito dependerá de la **capacidad real del gobierno para trascender la retórica y abordar las causas profundas del problema**. No basta con apagar fuegos; es imprescindible invertir en la prevención, en la gestión forestal sostenible, en la educación ambiental y en el desarrollo de energías renovables. Además, urge depurar responsabilidades por la gestión negligente de los recursos y la falta de previsión. Debe haber una auditoría exhaustiva de los sistemas de prevención y extinción de incendios, con consecuencias para aquellos que no hayan cumplido con su deber. El pacto, para ser creíble, debe ir acompañado de un compromiso real con la transparencia, la participación ciudadana y una inversión significativa en políticas que mitiguen el cambio climático y protejan nuestros ecosistemas. De lo contrario, será solo una cortina de humo más.
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