El ladrillo en la Costa del Sol sigue demostrando una vitalidad inquebrantable. En un contexto económico global marcado por la volatilidad, la provincia de Málaga ha registrado un aumento significativo en la actividad constructiva durante el segundo trimestre de 2025, superando las expectativas y consolidándose como un motor clave de la economía local. Los datos, revelados por el Colegio de Arquitectos de Málaga, pintan un panorama de dinamismo impulsado tanto por la obra nueva como por la rehabilitación, aunque con desafíos importantes en el horizonte.
Las cifras hablan por sí solas: 2.482 nuevas viviendas visadas, un ligero incremento con respecto al año anterior, y un impresionante aumento del 30,3% en la finalización de viviendas, alcanzando las 2.029 unidades. Este repunte se observa en diversas tipologías, desde la vivienda unifamiliar de lujo en municipios como Málaga, Manilva y Mijas, hasta los proyectos plurifamiliares que florecen en Estepona, Mijas y la capital. Incluso la vivienda de protección oficial (VPO) experimenta un ligero resurgir, con promociones en Marbella, Rincón de la Victoria y Algarrobo, aunque aún lejos de satisfacer la creciente demanda social.
Sin embargo, este auge constructivo plantea una pregunta crucial: ¿es suficiente para satisfacer la voraz demanda de vivienda que azota la provincia? La respuesta, según los expertos, es un rotundo no. La decana del Colegio de Arquitectos de Málaga, Susana Gómez de Lara, ha sido clara: la falta de planificación urbanística sigue siendo el principal escollo para garantizar el acceso a la vivienda. «Sin planeamiento no hay suelo; sin suelo, no hay vivienda», sentenció. La obsolescencia de la normativa urbanística impide adaptarse a las nuevas necesidades sociales y demográficas, estrangulando el potencial del sector.
La rehabilitación y la eficiencia energética, dos pilares fundamentales para un futuro sostenible, avanzan a un ritmo más lento de lo deseable. Si bien se han finalizado algunas reformas parciales y actuaciones energéticas en edificios existentes, la falta de reformas integrales y mejoras de envolvente con nuevas viviendas refleja una desconexión entre las ambiciones ecológicas y la realidad del mercado. La decana del Colegio de Arquitectos insiste en la necesidad de una estrategia coordinada entre administraciones y sector privado para impulsar la descarbonización del parque residencial y adaptar el desarrollo urbano a los desafíos actuales y futuros del territorio. El tiempo apremia, y la Costa del Sol no puede permitirse el lujo de quedarse atrás en la carrera hacia un futuro más sostenible.
La situación exige una actuación proactiva por parte de las administraciones públicas, anticipando la planificación urbana a medio y largo plazo y fomentando la regeneración de barrios. El sector de la construcción en Málaga ha demostrado su resiliencia y su capacidad para generar empleo y riqueza, pero necesita un marco regulatorio claro y actualizado que le permita desplegar todo su potencial. La Costa del Sol se encuentra en una encrucijada: o se apuesta por una planificación inteligente y sostenible, o se corre el riesgo de perpetuar un modelo de desarrollo insostenible que agrave los problemas de acceso a la vivienda y deteriore el medio ambiente. El futuro de la provincia está en juego.
El espejismo del crecimiento constructivo en Málaga en este segundo trimestre de 2025, aunque alentador a primera vista, oculta una preocupante realidad: la persistente miopía en la planificación urbanística. Celebrar un aumento en la actividad del ladrillo mientras la decana del Colegio de Arquitectos clama por la necesidad urgente de un planeamiento adecuado resulta, cuanto menos, ingenuo. Este supuesto «éxito» económico corre el riesgo de convertirse en un espejismo de riqueza efímera si no se aborda de inmediato la obsolescencia de la normativa urbanística, perpetuando un modelo insostenible que alimenta la especulación y dificulta el acceso a la vivienda a los residentes. La alegría por las cifras debería dar paso a una reflexión profunda sobre la calidad del desarrollo que estamos promoviendo.
La tímida mejora en la vivienda de protección oficial (VPO) es una burla frente a la magnitud del problema. Mientras el sector privado construye a ritmo vertiginoso viviendas de lujo, accesibles solo para unos pocos, la administración parece incapaz de ofrecer alternativas habitacionales dignas y asequibles para la mayoría de la población malagueña. Urge un cambio de prioridades, una inversión real en políticas públicas de vivienda que garanticen el derecho fundamental a un hogar, y no solo alimentar las arcas de unos pocos. La sostenibilidad no solo pasa por la eficiencia energética, sino también por la justicia social, y en Málaga estamos lejos de alcanzar ese equilibrio.
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