La situación en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria (Clínico) vuelve a ser crítica. Una vez más, la Junta de Personal ha alzado la voz para denunciar un colapso en el servicio de urgencias, describiendo un escenario de espera inaceptable para pacientes con patologías graves. Según fuentes sindicales, hasta veinte personas aguardan cama durante más de 36 horas, una acusación que la dirección del hospital niega, aunque reconoce la alta demanda y la presión asistencial.
El lunes, el Clínico superó el millar de atenciones en urgencias, una cifra que refleja la tensión constante a la que está sometido el sistema. Esta sobrecarga, que ya se experimentó a principios de mes, se agrava con la llegada del verano y el previsible aumento de la población flotante en la Costa del Sol. La dirección del hospital asegura estar gestionando altas y habilitando camas adicionales para paliar la situación, pero las voces críticas advierten que estas medidas son insuficientes ante la magnitud del problema. La pregunta que resuena en los pasillos del hospital es: ¿está Málaga preparada para afrontar el pico asistencial del verano?
Juan Antonio Martos Aguilar, presidente de la Junta de Personal, describe una situación «dantesca», con pacientes graves esperando en sillones sin monitorización, incluyendo un caso de infarto. La denuncia es contundente: falta de camas, mala gestión y una sobrecarga laboral que impide ofrecer una atención adecuada. Martos exige la dimisión del gerente y alerta sobre el riesgo de que la falta de recursos ponga en peligro la vida de los pacientes. La acusación es grave: «Las personas pueden morirse en una camilla o en un sillón». Mientras tanto, los profesionales sanitarios, exhaustos, intentan mantener la calma en un entorno cada vez más hostil.
La recurrente crisis en las urgencias del Hospital Clínico de Málaga no es simplemente un titular alarmista, sino un síntoma preocupante de una planificación sanitaria deficiente y una inversión que, evidentemente, no se corresponde con las necesidades de una ciudad en constante expansión y con un sector turístico que multiplica su población en los meses estivales. Negar la evidencia del colapso, como parece hacer la dirección del hospital, no solo resulta contraproducente sino que agrava la desconfianza de la ciudadanía y mina la moral de unos profesionales sanitarios ya de por sí exhaustos. Es hora de dejar de parchear la situación con «camas adicionales» y abordar el problema de raíz: ¿dónde están las inversiones a largo plazo en infraestructuras y personal que garanticen una atención digna y eficiente para todos los malagueños y visitantes?
Más allá de las cifras y las excusas, la acusación de Juan Antonio Martos Aguilar, presidente de la Junta de Personal, sobre el riesgo real de que «las personas pueden morirse en una camilla o en un sillón» debería resonar como un auténtico toque de atención en las conciencias de los responsables políticos. No estamos hablando de meras molestias o inconvenientes, sino de la línea que separa la vida de la muerte. Exigir la dimisión del gerente puede ser una medida drástica, pero comprensible ante la gravedad de la situación. Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en una persona, sino en un sistema que parece priorizar la contención del gasto por encima del bienestar de sus ciudadanos. La sanidad pública malagueña necesita un replanteamiento urgente y valiente, que ponga en el centro a los pacientes y a los profesionales que los atienden.
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