Málaga, 16 de junio de 2025. La eterna lucha por la vivienda en la capital de la Costa del Sol parece que tendrá un nuevo capítulo en su ya extensa saga. El Ayuntamiento, liderado por Francisco de la Torre, ha anunciado que el próximo 2 de julio se votará la adhesión al decreto autonómico que permitirá la construcción de unas 2.000 viviendas de protección oficial (VPO) en suelo municipal. La peculiaridad, y aquí reside la controversia, es que estas VPO serán, en palabras del propio consistorio, ‘minipisos’ con superficies que oscilarán entre los 35 y 50 metros cuadrados.
La concejala de Urbanismo, Carmen Casero, ha defendido la medida argumentando que «no hay que demonizar» este tipo de viviendas, ya que son una realidad en otras ciudades españolas y que desde su punto de vista se deben «poner en carga viviendas de todas las tipologías». Sin embargo, la iniciativa no ha estado exenta de críticas, especialmente por parte de la oposición, quienes consideran que estas dimensiones son insuficientes para garantizar una calidad de vida digna.
El plan del Ayuntamiento pasa por ceder el suelo a promotoras privadas por un periodo de 75 años, quienes se encargarán de la construcción y gestión de los alquileres. Se ha establecido un alquiler máximo de 500 euros al mes para un piso de 50 metros cuadrados, incentivando a las promotoras a ofrecer precios más bajos para obtener la adjudicación de las parcelas. Una medida que busca, según el equipo de gobierno, facilitar el acceso a la vivienda a los malagueños.
Sin embargo, la formación Con Málaga ha presentado una moción, rechazada por el PP y Vox, para elevar el mínimo de metros cuadrados útiles para considerar una vivienda como tal, argumentando que Málaga es una de las capitales españolas menos exigentes en este aspecto. La portavoz de la formación, Toni Morillas, declaró que “Málaga es de las capitales menos exigentes en relación al tamaño que debe tener una vivienda». Un debate que pone de manifiesto la disyuntiva entre cantidad y calidad en la política de vivienda.
Otro punto de fricción ha sido la gestión de estos ‘minipisos’. El PSOE propuso que el Instituto Municipal de la Vivienda se encargara directamente de la gestión y que el precio del alquiler no superara el 30% de los ingresos netos de los inquilinos. Esta moción también fue rechazada, argumentando el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que los precios máximos fijados por la Junta ya garantizan que los alquileres estarán «muy por debajo del 30% de los ingresos familiares».
Queda por ver si estos ‘minipisos’ serán una solución real al problema de la vivienda en Málaga o simplemente un parche urbanístico que, si bien aumenta la oferta, sacrifica la calidad del hábitat. El tiempo, y el bolsillo de los malagueños, dirán.
La propuesta de «minipisos» en Málaga, aunque envuelta en el manto de la VPO, revela una preocupante tendencia a **priorizar la cantidad sobre la calidad de vida**. Celebrar la construcción de 2.000 viviendas suena a victoria, pero ¿a qué precio? Reducir el espacio habitable a dimensiones que rayan en la claustrofobia no solo es un parche, sino una concesión tácita a un mercado inmobiliario desbocado. Se plantea la pregunta de si realmente estamos ofreciendo soluciones dignas a los malagueños o, simplemente, creando guetos verticales donde la dignidad se mide en metros cuadrados, o mejor dicho, se escatima en ellos.
La defensa de la iniciativa por parte del consistorio, apelando a la realidad de otras ciudades, resulta un argumento insostenible. Que otros cometan el mismo error no justifica replicarlo. Más aún, la decisión de ceder la gestión a promotoras privadas, aunque pueda agilizar el proceso, levanta serias dudas sobre el compromiso real con la asequibilidad a largo plazo. **¿Quién garantiza que esos alquileres «asequibles» no se convertirán en un nuevo escollo para las familias malagueñas?** La historia nos ha demostrado que la mano invisible del mercado, a menudo, termina estrangulando los bolsillos de los más vulnerables. Urge repensar la estrategia, enfocándose en soluciones que garanticen espacios habitables dignos y una gestión pública transparente y comprometida con el bienestar de la ciudadanía.
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