La estampa era llamativa: Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga, defendiendo a capa y espada los intereses de la provincia en el mismísimo corazón de Europa. Tras una intensa agenda en Bruselas, el mandatario popular ha regresado con la firme convicción de que la solución a los problemas estructurales de Málaga pasa por una mayor comprensión y sensibilización de las instituciones europeas. Salado, en una entrevista concedida a La Alameda, programa coproducido por 101TV y SUR, no dudó en lanzar un dardo envenenado al Gobierno central: «Ya que no nos hacen caso, hemos tenido que ir a Europa».
La sequía y la movilidad, dos auténticos quebraderos de cabeza para los malagueños, fueron los ejes centrales de su discurso en la capital europea. Salado insistió en la necesidad de impulsar políticas de aguas que garanticen el suministro a una provincia en constante crecimiento y con una fuerte dependencia del sector turístico. La amenaza de restricciones severas en el consumo de agua planea sobre el horizonte malagueño, y el presidente de la Diputación considera que la UE debe ser consciente de esta realidad.
En cuanto a la movilidad, el embotellamiento crónico de la A-7 en la zona este de la provincia se ha convertido en una pesadilla para miles de conductores. Salado aboga por soluciones urgentes, como la construcción de un tercer carril, la habilitación de un carril reversible o la mejora de los accesos a la autovía. Pero su principal caballo de batalla sigue siendo el Tren Litoral, una infraestructura largamente demandada y que, a su juicio, el Gobierno central está dilatando deliberadamente.
El presidente de la Diputación se mostró particularmente crítico con la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez en relación con el Tren Litoral. Salado considera que se está perdiendo un tiempo valioso al no aprovechar el estudio de viabilidad existente sobre el tramo Málaga-Marbella. «Se va a hacer, pero están retrasando la puesta en marcha», lamentó. Prometió ser igual de reivindicativo con el ministro Óscar Puente que con cualquier otra administración, especialmente en lo que respecta a la apertura anticipada de la A-397, la carretera entre Ronda y San Pedro, vital para la comunicación en la comarca y actualmente cortada por un desprendimiento.
Ante la acuciante crisis habitacional que afecta a la provincia, Salado sorprendió al mostrarse partidario de los minipisos como una solución transitoria, mientras se construyen viviendas a medio y largo plazo. Una propuesta que, sin duda, generará debate y controversia en una provincia donde el precio de la vivienda se ha disparado y el acceso a un hogar digno se ha convertido en un auténtico desafío para muchos malagueños.
La peregrinación de Francisco Salado a Bruselas, clamando por la sed y los atascos de Málaga, es un movimiento que, si bien puede entenderse como una búsqueda desesperada de soluciones ante la inacción percibida del Gobierno central, no deja de ser una estrategia arriesgada y, quizás, un tanto oportunista. Es innegable que la sequía y la congestión de la A-7 son problemas acuciantes que exigen respuestas concretas e inversiones significativas. Sin embargo, ¿es realmente la Unión Europea el foro adecuado para resolver estos desafíos? Si bien la sensibilidad europea hacia cuestiones medioambientales y de movilidad es innegable, la gestión de infraestructuras y la planificación hídrica recaen, en última instancia, sobre las administraciones nacionales y regionales. En lugar de buscar culpables fuera, quizás sería más productivo explorar vías de diálogo y colaboración constructiva con el Gobierno central, exigiendo transparencia y compromisos concretos en la ejecución de proyectos vitales para la provincia.
La propuesta de los minipisos como solución habitacional transitoria, por otro lado, abre un debate necesario pero potencialmente peligroso. En un contexto de precios de la vivienda desorbitados y de una creciente dificultad para acceder a un hogar digno, la idea de ofrecer alternativas más asequibles suena, a priori, atractiva. No obstante, es fundamental evitar caer en soluciones cortoplacistas que perpetúen la precariedad y la exclusión social. La apuesta por los minipisos debe ir acompañada de un plan integral que impulse la construcción de vivienda social a medio y largo plazo, que garantice la calidad y la dignidad de los espacios habitables, y que aborde las causas estructurales de la crisis habitacional en Málaga, como la especulación inmobiliaria y el auge del alquiler turístico. De lo contrario, corremos el riesgo de convertir la excepción en norma y de condenar a una parte importante de la población a vivir en condiciones indignas.
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