La sala del Tribunal Supremo fue ayer el escenario de un drama judicial con tintes periodísticos. Cuatro redactores de El País prestaron declaración ante el magistrado que investiga al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una jugada que podría ser decisiva para el futuro del alto cargo. El caso gira en torno a la presunta revelación por parte de García Ortiz de un correo electrónico crucial relacionado con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La defensa del Fiscal General se aferra a la idea de que la información contenida en el correo, donde González Amador reconocía dos delitos fiscales, ya era de dominio público cuando García Ortiz lo compartió. Para probarlo, la Abogacía del Estado solicitó a El País que presentara ante notario mensajes de sus periodistas que, según ellos, demostrarían que el diario ya tenía conocimiento del reconocimiento de los delitos antes de la filtración. Sin embargo, la defensa de González Amador ha puesto en tela de juicio esta versión, argumentando que ninguna de las once noticias publicadas por el periódico en esos días mencionaba dicho reconocimiento o un posible acuerdo de conformidad.
La declaración de los periodistas, encabezada por el subdirector José Manuel Romero, se centró en desmentir rotundamente que tuvieran conocimiento del contenido del correo electrónico clave antes de su publicación por otros medios. Romero afirmó que sus pesquisas se dirigieron a confirmar un supuesto pago a Hacienda, algo que finalmente no se produjo, y que en ningún momento preguntaron por un reconocimiento de delitos o un pacto con la Fiscalía. Esta versión fue ratificada por los otros tres periodistas, Luis Gómez, Berta Ferrero y Fernando Peinado, quienes también negaron haber tenido acceso al correo en cuestión.
La defensa de González Amador insistió en la contradicción entre la supuesta información que poseían los periodistas y la ausencia de menciones a los delitos en sus artículos. La respuesta fue que no lograron la confirmación de sus fuentes. Un mensaje de uno de los periodistas al abogado de González Amador, solicitando la confirmación de un «pago» a Hacienda, refuerza esta línea argumental.
Durante el interrogatorio, Romero admitió haber contactado en varias ocasiones con el Fiscal General, llegando incluso a compartir una comida con él. Según el periodista, el objetivo era indagar sobre la posibilidad de dimisión de García Ortiz tras su imputación. Esta revelación añade una capa más de complejidad al caso, al evidenciar la cercanía entre un alto cargo del Estado y un medio de comunicación.
Además, Romero cambió su versión sobre la procedencia de la información sobre el reconocimiento de los hechos por la defensa de González Amador. Inicialmente, mencionó tanto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid como a la Audiencia Provincial como fuentes. Sin embargo, durante la declaración, limitó la fuente al TSJ, coincidiendo con la declaración del propio García Ortiz, quien apuntó a la fiscal superior Almudena Lastra, con quien ha mantenido fuertes discrepancias, como posible filtradora. Este cambio de versión podría ser clave para determinar la credibilidad de los testimonios y la validez de la defensa del Fiscal General.
El caso sigue abierto y la declaración de los periodistas de El País ha añadido nuevos interrogantes a una trama que ya de por sí era laberíntica. La decisión final del Tribunal Supremo podría tener consecuencias de gran calado para la Fiscalía General del Estado y la credibilidad de las instituciones.
El sainete judicial en torno al Fiscal General y la filtración del correo de la pareja de Ayuso revela, una vez más, la preocupante porosidad entre los poderes político, judicial y mediático. La declaración de los periodistas de *El País* ante el Supremo no aclara nada, sino que enturbia aún más el panorama, dejando la sensación de que estamos ante un juego de espejos donde nadie parece decir la verdad completa. Resulta inquietante la insistencia en negar el conocimiento de un dato clave (el reconocimiento de los delitos fiscales) que, aparentemente, circulaba en los mentideros judiciales. Esta falta de transparencia alimenta la desconfianza ciudadana en la integridad de las instituciones y en la capacidad de la justicia para impartir una condena justa y equitativa, alejada de las influencias partidistas.
Más allá del desenlace del caso, lo realmente alarmante es la normalización de estas prácticas. Las comidas entre periodistas y altos cargos, aunque habituales, levantan serias dudas sobre la objetividad informativa. ¿Cómo garantizar que la información que llega al público está libre de sesgos cuando existe una relación tan cercana entre quien la genera y quien la difunde? La credibilidad del periodismo, ya de por sí debilitada por la polarización y la proliferación de *fake news*, se ve aún más comprometida. Urge una reflexión profunda sobre los límites éticos del periodismo de investigación y la necesidad de establecer mecanismos de control que impidan la instrumentalización de los medios por parte del poder político.
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