La sombra de la controversia vuelve a planear sobre el Ministerio de Igualdad, esta vez a raíz de la adjudicación del servicio integral de las pulseras antimaltrato a la UTE de Vodafone y Securitas Direct durante la gestión de Irene Montero como ministra en funciones. A pesar de un informe interno demoledor que calificaba de «deficiente» y «poco preciso» el plan de transición presentado por las empresas, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dio luz verde al contrato, un hecho que ahora genera interrogantes y críticas.
El documento, descubierto recientemente, revela que el plan de la UTE para la transferencia de datos de los usuarios de las pulseras obtuvo una calificación de tan solo 3,6 sobre 10. Las alarmas saltaron al constatar que, tras la mudanza de datos que finalizó el 20 de marzo de 2024, una preocupante cantidad de información anterior a esa fecha resultó irrecuperable. La propia ministra actual, Ana Redondo, confirmó estas disfunciones, alimentando aún más la polémica. La memoria anual de la Fiscalía, dirigida por Álvaro García Ortiz, también recogió esta grave incidencia.
Las palabras del informe técnico son contundentes: «En cuanto a los trabajos para la transición, presenta un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente». La subdirectora general de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género, Macarena Gamir Linares, estampó su firma en un documento que destapaba las carencias del plan presentado por Vodafone y Securitas, incluyendo un plan de contingencias «no suficientemente completo» y un calendario de tareas con un «grado de coherencia no adecuado para la complejidad del plan».
La controversia se agudiza al conocerse que, en enero de 2024, el Ministerio de Igualdad fue advertido por representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre las deficiencias técnicas de la UTE adjudicataria. Según fuentes internas, el CGPJ señaló que «Sistema y dispositivos de Vodafone no están listos para implementación: no cumple con solvencia técnica por traer tecnologías no probadas». A pesar de esta advertencia, el contrato siguió adelante, generando dudas sobre la gestión y la toma de decisiones dentro del Ministerio.
La adjudicación de este contrato, valorado en más de 41 millones de euros, ahora se encuentra en el centro de la tormenta política. La oposición exige responsabilidades y el Gobierno se enfrenta a un nuevo frente que amenaza con erosionar su imagen en un tema tan sensible como la lucha contra la violencia de género. La pregunta que resuena en los pasillos del Congreso es si se priorizó la velocidad sobre la seguridad y la eficacia en la protección de las víctimas.
El escándalo de las pulseras antimaltrato, más allá de la inevitable pugna política, pone de manifiesto una preocupante desidia en la gestión de recursos destinados a la protección de las víctimas de violencia de género. No es solo la deficiente transición de datos, un error técnico grave en sí mismo, sino la persistencia en un modelo contractual que, a todas luces, carecía de las garantías necesarias desde el principio. La adjudicación a una UTE con serias objeciones técnicas, según el propio CGPJ, sugiere una priorización de intereses ajenos a la seguridad y el bienestar de las mujeres, un precio inaceptable en una sociedad que presume de luchar contra esta lacra. La pregunta es inevitable: ¿a quién o qué se estaba beneficiando realmente con este contrato?
La confirmación de las disfunciones por la actual ministra, Ana Redondo, aunque necesaria, no exime de responsabilidades. El Ministerio de Igualdad debe someterse a una auditoría exhaustiva e independiente que esclarezca no solo los errores cometidos, sino las motivaciones detrás de una decisión que, a la luz de la información revelada, parece cuando menos imprudente. Más allá de ceses y dimisiones, que pueden ser necesarias, urge una reestructuración profunda de los mecanismos de control y supervisión en la gestión de fondos públicos destinados a la erradicación de la violencia machista. La credibilidad de las instituciones y la confianza de las víctimas están en juego.
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