El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha salido al paso de las recientes acusaciones sobre su implicación en el escándalo de la compra de mascarillas durante la pandemia de COVID-19. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Torres justificó su intervención, señalando que su actuación se enmarcó dentro de lo estipulado en un contrato que exigía el pago de un 50% por adelantado a la empresa que suministró el material. Las declaraciones del ministro surgen tras la revelación de que había enviado un mensaje de WhatsApp, en 2020, al asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, expresando que «hoy dormiré mejor» después de que se abono el pago de 12 millones de euros por las mascarillas al empresario Víctor de Aldama, objeto de investigación por presuntas comisiones ilegales en la venta de material sanitario.
Torres defendió su papel, argumentando que la intermediación en ese proceso era habitual y necesaria. «Había una necesidad urgente de cumplir con la ley de proveedores y ponernos al día con las facturas pendientes», explicó. Aclaró que no actuó de manera individual, sino en línea con otras empresas que se encontraban en similares circunstancias. El ministro enfatizó que su objetivo siempre fue garantizar la salud pública en un momento crítico, insistiendo en que «cometimos errores, seguro, pero nunca se actuó al margen de la ley».
La controversia ha suscitado un amplio debate político, con el Partido Popular pidiendo la dimisión de Torres. Este, en respuesta, acusó a la oposición de intentar desviar la atención de la labor que se llevó a cabo durante la pandemia. «Lo que buscan es señalar a quienes hemos trabajado de manera honesta en aquellos momentos difíciles», afirmó con vehemencia, subrayando la necesidad de que quien incurra en irregularidades asuma su responsabilidad ante la ley.
Torres también se refirió a la relación con Víctor de Aldama, negando conocerlo personalmente y reiterando que su comunicación era a través de un asesor del ministerio y no por iniciativa propia. «Mi trabajo era asegurar que el material llegara a Canarias para salvar vidas», remarcó, poniendo de manifiesto la complejidad de la gestión sanitaria en tiempos de emergencia. Su defensa se centra en la idea de que, a pesar de las dificultades y el evidente caos que rodeó la adquisición de material médico durante el pico de la pandemia, la integridad de quienes trabajaron en esas circunstancias no debe ser cuestionada sin pruebas contundentes.
El caso sigue generando repercusiones, con las investigaciones sobre el papel de Aldama y sus implicaciones en el cobro de comisiones apenas comenzando. Mientras tanto, Torres reafirma su compromiso y responsabilidad en la gestión de la crisis sanitaria, esperando que la verdad salga a la luz y la atención regrese a los verdaderos temas de urgencia en la agenda política y social.
Es un momento crucial para el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien ha salido a defender su actuación en el escándalo de la compra de mascarillas, un asunto que ha generado no solo desconfianza, sino también un profundo sentimiento de cinismo en la ciudadanía. Aunque la urgencia de adquirir material sanitario en medio de una pandemia puede explicar algunas decisiones, el reconocimiento de que hubo “errores” no se traduce automáticamente en exoneración. Las argumentaciones de Torres parecen más un intento de blindar su gestión que un genuino reconocimiento de falta de transparencia. La naturaleza de la intermediación y la exigencia de un pago adelantado a una empresa que ahora se investiga por posibles irregularidades son cuestiones que no pueden ser tratadas con ligereza; es crucial que cualquier funcionario asuma su responsabilidad en procesos que involucran la salud pública, especialmente cuando se manejan cantidades tan significativas de recursos públicos.
La defensa de Torres también levanta interrogantes sobre la cultura de rendición de cuentas en el ámbito político. Su afirmación de que “nunca se actuó al margen de la ley” choca con la realidad de que este tipo de compromisos, en el contexto actual, deberían exigirse bajo un prisma de escrutinio mucho más riguroso. Es imperativo que la gestión pública no solo se base en la buena intención durante momentos críticos, sino que debe estar sustentada por un marco claro de responsabilidad y transparencia. La ciudadanía, cansada de escándalos que empañan la política, no merece menos y espera un compromiso auténtico para esclarecer los hechos. Solo así podremos restaurar la confianza en quienes tienen el deber de cuidar de nuestra salud y bienestar. Además, la respuesta del Partido Popular pidiendo la dimisión de Torres parece más una maniobra política que un verdadero interés por la justicia; sin embargo, la urgencia de este tipo de debates no debe desviarnos de la necesidad de establecer protocolos claros que prevengan irregularidades en futuras crisis.
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