El idílico horizonte andaluz, con sus playas doradas y su rica cultura, se torna sombrío para aquellos que anhelan poseer un hogar. Un reciente estudio de la Cátedra Real Estate Alfil de San Telmo Business School revela una realidad desoladora: la elevada carga fiscal en la adquisición de la primera vivienda en Andalucía obliga a los compradores a desembolsar una cantidad equivalente a más de un año de salario neto. Esta situación, particularmente acuciante en Málaga, convierte el acceso a la propiedad en una quimera para miles de familias, especialmente jóvenes y aquellas con ingresos medios y bajos.
La provincia de Málaga, conocida por su dinamismo económico y su atractivo turístico, se ha convertido en el epicentro de la crisis habitacional andaluza. El precio medio del metro cuadrado, que ya supera los 3.775 euros, se combina con una presión fiscal que agrava aún más la situación. El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que oscila entre el 8% y el 10% para viviendas de segunda mano, y el IVA más el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que suman un 10% para obra nueva, suponen un desembolso adicional de entre 20.000 y 35.000 euros. Una cifra que, en muchos casos, excede el salario neto anual de un andaluz medio, estimado en 23.000 euros.
La Cátedra Real Estate Alfil levanta la voz ante esta problemática, instando a las administraciones a tomar medidas urgentes. Su propuesta estrella: la supresión o reducción drástica del ITP y el AJD para la compra de la primera vivienda habitual. Esta medida, focalizada en residentes fiscales y zonas tensionadas, excluyendo la especulación y las segundas residencias, se presenta como una tabla de salvación para miles de andaluces. Los expertos alertan de que el incremento del precio de la vivienda supera con creces el aumento salarial, lo que impide a muchos ahorrar el 20% necesario para acceder a una hipoteca. Una rebaja fiscal, argumentan, permitiría democratizar el acceso a la vivienda, abriendo las puertas a un espectro mucho más amplio de la sociedad.
La Cátedra Real Estate Alfil sentencia que es hora de repensar el sistema fiscal en clave social, económica y constitucional. El acceso a una vivienda digna, amparado por el artículo 47 de la Constitución Española, no puede ser un privilegio reservado a unos pocos. Debe ser un derecho real, tangible y accesible para todos.
La noticia sobre la asfixiante carga fiscal que impide el acceso a la vivienda en Andalucía, y particularmente en Málaga, es un claro reflejo del fracaso de las políticas públicas en materia habitacional. No se trata simplemente de un problema económico, sino de una profunda injusticia social que perpetúa la desigualdad. La inacción, o peor aún, la complacencia de las administraciones ante la escalada de precios y la voracidad fiscal, dibuja un panorama desolador para miles de familias que ven cómo el sueño de la vivienda propia se desvanece. Urge una reflexión profunda sobre el papel del Estado como garante del derecho a una vivienda digna, replanteándose si la actual política fiscal beneficia a los ciudadanos o, por el contrario, alimenta la especulación y el enriquecimiento de unos pocos.
La propuesta de la Cátedra Real Estate Alfil, centrada en la rebaja o supresión del ITP y el AJD para la primera vivienda, es un primer paso en la dirección correcta, pero requiere de un análisis más exhaustivo. No basta con parchear el sistema fiscal; es necesario abordar la raíz del problema, que reside en la falta de oferta de vivienda asequible, la especulación urbanística y la permisividad con los fondos de inversión que acaparan el mercado. Una rebaja fiscal sin un control efectivo de los precios y una política de vivienda social ambiciosa podría ser contraproducente, inflando aún más los precios y beneficiando principalmente a los vendedores. La solución pasa por un enfoque integral que combine medidas fiscales con políticas de suelo, promoción de la construcción pública y regulación del mercado de alquiler, para garantizar que el acceso a la vivienda sea un derecho real y no un privilegio.
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